El presidente Gustavo Petro anunció la pérdida de un nieto, responsabilizando directamente a la Fiscalía General de la Nación y a medios de comunicación. Según el mandatario, la presión ejercida por estas entidades provocó un aborto en Laura Ojeda, pareja de su hijo Nicolás Petro. Petro calificó la actuación de la Fiscalía como "barbarie" y a la prensa de "codiciosa", señalando a una fiscal específica de actuar con odio y a la fiscal general de protegerla. Estas declaraciones se produjeron tras el aplazamiento de una audiencia judicial contra Ojeda por presunta violación de datos personales. Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, también se pronunció, acusando a la fiscal Lucy Laborde de seguimientos ilegales y de divulgar información privada, lo que, según él, afectó a su familia. Reiteró que la presión judicial y mediática resultó en la pérdida de su bebé. La expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez, respondió pidiendo respeto por los procesos judiciales y recordando que ella también sufrió pérdidas, algunas provocadas por Nicolás Petro. El abogado de Petro, Alejandro Carranza, anunció acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) solicitando medidas cautelares. Argumentó que la Fiscalía no debe producir "torturas psicológicas" ni escenarios de persecución política o mediática, y expresó preocupación por el "deterioro institucional" de la Fiscalía y la contribución de ciertos medios a la "exposición, presión y estigmatización". La Fiscalía General de la Nación no ha emitido pronunciamiento oficial sobre las acusaciones.

Análisis político

Se observa una estrategia del presidente Petro de confrontación directa con la Fiscalía y ciertos medios de comunicación, a quienes acusa de "persecución política" y "tortura psicológica" contra su familia. Esta narrativa busca deslegitimar las investigaciones judiciales que involucran a su hijo y nuera, presentándolos como víctimas de un sistema judicial y mediático hostil. La invocación de organismos internacionales como la Cidh busca ampliar el escenario de disputa y presionar a las instituciones nacionales. El presidente Petro y su hijo Nicolás Petro ganan al intentar construir una narrativa de victimización que podría generar empatía y desviar la atención de las acusaciones. La Fiscalía y los medios señalados pierden credibilidad y se ven forzados a defenderse de acusaciones graves. La estrategia de Petro busca polarizar el debate, presentando el caso como una lucha contra "el odio" y "la barbarie", y posicionando a su gobierno como defensor de los derechos fundamentales frente a un "poder punitivo" descontrolado.