El presidente Gustavo Petro confirmó haber ordenado un bombardeo contra un campamento del ELN en la región del Catatumbo, Norte de Santander. La operación militar, ejecutada por las Fuerzas Armadas, se realizó en coordinación con el gobierno de Venezuela y tuvo como objetivo una comisión estratégica del grupo guerrillero. Petro afirmó que la acción se inscribió en acuerdos de cooperación binacional y subrayó que el ELN no está en ningún acuerdo de paz, ya que mantiene su decisión de controlar economías ilícitas. El mandatario rechazó las críticas internas y la versión de que la reactivación de acciones armadas por parte de la guerrilla obedezca a incumplimientos estatales. Petro argumentó que la confianza en la voluntad de paz del ELN se rompió tras los asesinatos sistemáticos de campesinos desarmados en Catatumbo. También criticó a la fiscal general por legitimar, a su juicio, delitos de lesa humanidad. La operación militar, que habría dejado siete guerrilleros muertos, se dirigió contra una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra, liderada por alias Sucre. Este es el tercer bombardeo de alta precisión contra el ELN durante la administración Petro, sumando un total de 20 operaciones militares de este tipo contra diversos grupos armados.

Análisis político

La estrategia política del presidente Petro se centra en endurecer la postura frente a grupos armados que no abandonan las economías ilícitas, marcando una línea roja para cualquier proceso de paz. Al confirmar la operación y la coordinación con Venezuela, busca proyectar una imagen de firmeza y control territorial en zonas fronterizas. La narrativa oficial responsabiliza al ELN de la ruptura de la confianza y justifica la acción militar como una respuesta necesaria ante la persistencia de actividades criminales. Con esta operación, el Gobierno busca ganar legitimidad ante sectores que exigen mano dura contra la criminalidad y, al mismo tiempo, diferenciarse de administraciones anteriores. El ELN, por su parte, se ve acorralado y responde negando vínculos con el narcotráfico y acusando al Gobierno de incumplir acuerdos, construyendo una narrativa de victimización y de defensa de la soberanía. La fiscal general se posiciona como un contrapunto al Ejecutivo, generando un debate sobre la justificación de las acciones militares y la interpretación de los hechos.