Presidente Petro acusa a Medicina Legal y Fiscalía; entidad responde sobre informe de menor fallecido
Resumen
El presidente Gustavo Petro acusó a la fiscal general Luz Adriana Camargo y al Instituto Nacional de Medicina Legal de "manejo político de la muerte" por supuestamente ocultar el informe sobre las causas del fallecimiento del menor Kevin Acosta. Petro afirmó que la entidad forense no entregaba el informe a pesar de conocer las causas de la muerte, sugiriendo una instrucción de la Fiscalía. El mandatario vinculó el caso con la Nueva EPS y la presunta negligencia médica.
Medicina Legal, a través de su director Ariel Emilio Cortés, desmintió categóricamente las acusaciones del presidente. La entidad explicó que, como auxiliar de la justicia, no puede entregar resultados de necropsias sin una orden judicial previa debido a la reserva legal. Se detalló que el Ministerio de Salud solicitó el informe, pero Medicina Legal respondió apegándose a la ley, lo que llevó a una acción de tutela por parte del Ministerio, la cual fue declarada improcedente por un juez.
La fiscal general Luz Adriana Camargo también respondió a los señalamientos, lamentando que el caso se convirtiera en un "espectáculo público" y negando rotundamente haber dado órdenes para ocultar el informe. Camargo reiteró que el documento está sujeto a reserva legal y solo se entrega a las autoridades competentes, aclarando que la Fiscalía busca la colaboración armónica entre poderes y que la información se hará pública cuando se adopte una decisión definitiva en la investigación.
Análisis Político
Se observa una estrategia del presidente Petro de confrontar directamente a las instituciones encargadas de la justicia y la salud, buscando generar una narrativa de "manejo político" en casos sensibles. Al señalar a la Fiscalía y a Medicina Legal, Petro busca desviar la atención de las posibles fallas del sector salud, representado por la Nueva EPS, y posicionarse como defensor de la verdad frente a un presunto encubrimiento.
Medicina Legal y la Fiscalía, por su parte, defienden su actuar basándose en el marco legal y la autonomía institucional, buscando despolitizar el caso y reafirmar su rol técnico y judicial. El presidente Petro parece ganar visibilidad al erigirse como fiscalizador de otras ramas del poder, mientras que las entidades cuestionadas buscan proteger su independencia y credibilidad. La familia del menor, aunque no directamente involucrada en la disputa política, se encuentra en el centro de una controversia que expone las tensiones entre el ejecutivo y otros órganos del Estado.
Sesgo mediático
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