El presidente Gustavo Petro acusó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de impedir la entrada de un laboratorio de robótica a un colegio público. Petro sugirió que alcaldes de oposición bloquean políticas educativas para jóvenes de bajos recursos. Galán respondió aclarando que la Alcaldía sí recibe laboratorios, pero que en este caso se trataba de un evento político con más de 1.500 invitados a pocos días de la primera vuelta presidencial, lo cual consideró inconveniente. La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, denunció que no le permitieron el ingreso al colegio Sierra Morena para instalar una mesa de diálogo y avanzar en la entrega del laboratorio. La comunidad educativa también reportó que el rector habría impedido la entrada del material. La ministra enfatizó la importancia de llevar la ciencia y la robótica a los colegios para ampliar oportunidades. Galán reiteró que los colegios de Bogotá están abiertos para herramientas pedagógicas, pero no para hacer política. Aseguró que la administración distrital y el Ministerio de Ciencias acordaron que la entrega del laboratorio se realizaría en julio. La disputa se dio en un contexto de campaña electoral, a pocos días de la primera vuelta presidencial.

Análisis político

Se observa una estrategia de confrontación directa por parte del gobierno nacional, utilizando redes sociales para señalar al alcalde de Bogotá y vincular la acción con una supuesta oposición a políticas de educación pública. El alcalde, por su parte, responde defendiendo la autonomía distrital y la separación entre la gestión educativa y la actividad política, especialmente en un contexto electoral. La narrativa del gobierno se enfoca en el acceso a la educación y el beneficio a jóvenes de bajos recursos, mientras que la alcaldía resalta la importancia de no politizar los espacios educativos. El presidente Petro y su gobierno buscan capitalizar la situación como un ejemplo de bloqueo a sus iniciativas, apelando a su base electoral y a la opinión pública. El alcalde Galán, por otro lado, busca proyectar una imagen de gestión transparente y responsable, diferenciándose de posibles usos electorales de la infraestructura pública. La ministra de Ciencia actúa como vocera del gobierno, denunciando el presunto impedimento y buscando generar presión sobre la administración distrital. El debate se centra en quién se beneficia de la narrativa de defender la educación pública frente a la politización.