El presidente Gustavo Petro rechazó públicamente la adjudicación de un proyecto térmico a gas en una subasta de expansión energética, calificándolo de "alta traición" y "monstruosidad". Petro cuestionó la decisión, argumentando que la sequía debe enfrentarse con energía solar y no con gas, el cual agravaría el calentamiento global. El mandatario también insinuó posibles actos de corrupción al señalar que "alguien recibió un dinero" para permitir dicho proyecto en una zona sensible. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, asumió la responsabilidad política por los resultados de la subasta, defendiendo que 14 de los 15 proyectos adjudicados corresponden a energías solares y eólicas. Palma aclaró que el Ministerio no autoriza ni aprueba proyectos en subastas y que la asignación de gas fue mínima en comparación con las energías limpias. Señaló que la subasta fue exitosa para garantizar el suministro energético en los años 2029-2030, contrastando con la falta de subastas en administraciones anteriores. El choque evidencia una tensión interna en el Gobierno sobre la velocidad de la transición energética. Mientras Petro aboga por un abandono acelerado de los combustibles fósiles, sectores técnicos y el propio ministro Palma defienden la necesidad de mantener un respaldo térmico para blindar el sistema eléctrico ante fenómenos climáticos como El Niño. La controversia reabrió el debate sobre el papel de las energías fósiles frente a las renovables en la matriz energética colombiana.

Análisis político

Se observa una estrategia de Petro de reafirmar su liderazgo y su agenda ambientalista, utilizando un lenguaje fuerte como "alta traición" para marcar distancia y presionar a su gabinete. La narrativa presidencial se centra en la urgencia de la transición energética y la protección del medio ambiente, presentándose como el garante de los "tótem de la humanidad" y el programa de gobierno votado por el pueblo. Por otro lado, el ministro Palma adopta una postura defensiva y técnica, apelando a la responsabilidad política y a los resultados exitosos de la subasta en términos de seguridad energética, mientras desestima las acusaciones de irregularidades y datos inexactos. El presidente Petro emerge como el principal actor que marca la agenda y establece la narrativa dominante, buscando consolidar su imagen como líder ambiental. El ministro Palma, aunque defiende su gestión, se ve en una posición de responder y justificar decisiones que contradicen la visión más radical del presidente, perdiendo capital político en este enfrentamiento. La narrativa del ministro se enfoca en la viabilidad técnica y la continuidad del suministro, mientras que la del presidente apela a principios ideológicos y ambientales, generando una clara división de enfoques y beneficiando a Petro en la construcción de su legado.