El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas del expresidente Álvaro Uribe sobre el endeudamiento del Estado, calificándolas de "doble moral" y señalando que la bancada de Uribe saboteó dos proyectos de ley de financiamiento en el Senado. Petro también atribuyó el encarecimiento de la deuda a las decisiones del Banco de la República, argumentando que la "mayoría uribista" en su junta directiva subió las tasas de interés. El mandatario acusó a Uribe de intentar desfinanciar el presupuesto gubernamental para generar desilusión y promover un "proyecto autoritario". Adicionalmente, Petro responsabilizó parcialmente a su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, por el déficit fiscal. Señaló que Ocampo "no debió pagar el Fepc con fondos del presupuesto" y que el déficit debía financiarse con el aumento del precio de la gasolina. También criticó la medida de adelantar el pago del impuesto de renta de 2024 para cubrir gastos de 2023, calificándola de "mentira contable". Petro afirmó que Ocampo debió preparar la junta directiva del Banco de la República para "el progresismo" y no "enterrarla en el neoliberalismo ignorante". Finalmente, el presidente defendió la estrategia de endeudamiento a largo plazo del gobierno ante las advertencias de la Contraloría General de la República, que inició un expediente disciplinario contra el ministro de Hacienda. Petro afirmó que a la Contraloría le "faltan economistas" y comparó su actuación con la de Alejandro Ordóñez, acusando al organismo de querer "disciplinar las visiones diferentes de la economía". Explicó que la deuda a largo plazo busca prepagar deuda cara con deuda barata cuando las tasas de interés bajen, criticando la política monetaria del Banco de la República por el alza de tasas.

Análisis político

Se observa una estrategia del presidente Petro de desviar la atención de las críticas a su gestión económica, atribuyendo responsabilidades a figuras políticas de oposición como Álvaro Uribe y a exfuncionarios de su propio gobierno como José Antonio Ocampo. Paralelamente, busca legitimar su política económica y de endeudamiento defendiéndola ante organismos de control como la Contraloría, a la que acusa de tener motivaciones políticas y desconocimiento técnico. La propuesta de "acuerdo nacional" para bajar tasas de interés y una reforma tributaria selectiva busca generar una narrativa de búsqueda de soluciones conjuntas y de equidad fiscal. El presidente Petro se posiciona como el defensor de los intereses del "pueblo" frente a "intereses diferentes" y "neoliberalismo ignorante", construyendo una narrativa donde él es quien entiende la economía real y busca el beneficio colectivo. Álvaro Uribe y su bancada pierden credibilidad al ser señalados de obstruccionismo y de tener un "proyecto autoritario". José Antonio Ocampo, aunque exministro, es presentado como un actor con "interés diferente al del pueblo" y "poco autocrítico", debilitando su figura pública. La Contraloría, al ser comparada con Ordóñez, es desacreditada como un ente técnico, presentándola como un actor que busca "disciplinar" visiones económicas progresistas.

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre el endeudamiento del Estado, calificándolas de "doble moral". Petro argumentó que la bancada de Uribe, con Efraín Cepeda, saboteó dos proyectos de ley de financiamiento en el Senado, lo que, según él, contribuyó al encarecimiento de la deuda. Adicionalmente, señaló a la junta directiva del Banco de la República, con "mayoría uribista", de subir "estrambóticamente" las tasas de interés, afectando el endeudamiento interno del Estado y las empresas. Petro defendió la estrategia de endeudamiento a largo plazo de su gobierno, explicando que se toma deuda a la tasa del mercado con la expectativa de que el Banco de la República, con una junta directiva progresista, bajará las tasas de interés, abaratando así la deuda futura. También propuso a Uribe un acuerdo para bajar las tasas de interés reales y aprobar una reforma tributaria que grave los "grandes atesoramientos improductivos". El mandatario acusó a Uribe de intentar desfinanciar el presupuesto para generar desilusión y promover un "proyecto autoritario de sociedad". En otro frente, el presidente responsabilizó parcialmente al exministro José Antonio Ocampo por el déficit fiscal, criticando cómo se pagó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y calificando el adelanto del pago del impuesto de renta como una "mentira contable". Petro también arremetió contra la Contraloría General de la República por abrir un expediente disciplinario al ministro de Hacienda, Germán Ávila, por el manejo de la deuda pública, argumentando que al ente de control le "faltan economistas" y que busca "disciplinar las visiones diferentes de la economía".

Análisis político

Se observa una estrategia política del presidente Petro de desviar la atención de las críticas sobre el manejo económico de su gobierno, atribuyendo responsabilidades a figuras de la oposición como Álvaro Uribe y a entidades como el Banco de la República y la Contraloría. Petro busca construir una narrativa donde las dificultades económicas son consecuencia de acciones deliberadas de sus adversarios políticos y de decisiones técnicas de organismos que, según él, no comprenden su visión económica progresista. El expresidente Uribe y su bancada pierden credibilidad al ser señalados de obstruir el financiamiento del Estado y de influir negativamente en las tasas de interés. El Banco de la República y la Contraloría, por su parte, se ven envueltos en una disputa técnica y política, donde Petro intenta desacreditar sus análisis y advertencias sobre la deuda pública. El exministro Ocampo es señalado como un responsable parcial del déficit fiscal, lo que debilita su figura y la de quienes lo apoyaron en su momento.