El presidente Gustavo Petro defendió públicamente a Juliana Guerrero, quien fue imputada por la Fiscalía por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con la presunta compra de títulos académicos. Petro afirmó en una entrevista que a Guerrero "no se le ha comprobado que no estudió" en la Fundación Universitaria San José, dejando el asunto a la justicia. Señaló que ella no es servidora pública y que su edad (21 años en el momento de la aspiración) impedía legalmente su nombramiento como viceministra, desmintiendo rumores sobre una relación sentimental con ella. La defensa del mandatario se produce a pesar de que la propia universidad retiró los títulos de Guerrero tras admitir irregularidades y confirmar que no presentó los requisitos legales como las pruebas Saber Pro. La Fiscalía sostiene que los documentos falsificados buscaban engañar a funcionarios y socavar la confianza en la administración pública. Petro reconoció haber cometido un "error" al exponerla mediáticamente, lo que desencadenó ataques personales y rumores. Adicionalmente, Petro reveló que Guerrero y su familia fueron amenazados de muerte en la Fundación San José, contextualizando así la situación de la joven. El presidente cuestionó el proceso judicial, preguntando si ella estudió y presentó los exámenes requeridos, y sugirió que los señalamientos contra Guerrero no representan los "grandes hechos de corrupción" del país, refiriéndose a mafias infiltradas en el Estado y extorsión a congresistas.

Análisis político

La estrategia política del presidente Petro consiste en desviar la atención del caso de Juliana Guerrero, enfocándose en la falta de pruebas judiciales concluyentes y en la edad de la implicada para desestimar su aspiración a un cargo público. Al mismo tiempo, busca construir una narrativa de persecución mediática y personal contra Guerrero, sugiriendo que fue expuesta injustamente por ser mujer y joven. La mención de amenazas de muerte busca generar empatía y contextualizar la situación como un posible acto de intimidación, alejando el foco de la presunta falsedad de sus títulos. Con esta postura, el presidente Petro busca proteger a una figura cercana a su círculo, minimizando la gravedad de la imputación fiscal y presentando a Guerrero como víctima de un sistema o de ataques políticos. Quien gana con esta estrategia es el propio Petro al intentar controlar la narrativa y mostrarse como defensor de sus allegados, mientras que la Fiscalía y la opinión pública que exige transparencia en los procesos de nombramiento pierden credibilidad ante la defensa del mandatario. Las narrativas se contraponen: la justicia y la evidencia de irregularidades académicas versus la presunción de inocencia y la supuesta falta de pruebas contundentes.