El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la totalidad del decreto del Gobierno que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos desde los fondos de pensiones privados hacia Colpensiones. La decisión se tomó horas antes de que venciera el plazo para el giro de aproximadamente 5 billones de pesos, extendiendo una protección jurídica previa que buscaba salvaguardar los ahorros de los trabajadores. El alto tribunal argumentó que el Ejecutivo podría estar extralimitándose en sus funciones administrativas al pretender un traslado acelerado de recursos. El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a la medida, calificándola de "inconstitucional" y un "golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano". Petro pidió demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente, Juan Enrique Bedoya, argumentando que la decisión favorece intereses de "banqueros" y va en contra del "interés general de los trabajadores". El mandatario instó a la Corte Constitucional a intervenir y defender los derechos pensionales. La Rama Judicial, a través de la Comisión Interinstitucional, recriminó los señalamientos de Petro, recordando la importancia de la separación de poderes y la legitimidad del Consejo de Estado para ejercer controles sobre actos administrativos. La suspensión provisional del decreto busca prevenir consecuencias irreversibles sobre los ahorros pensionales y mantener la estabilidad financiera del sistema, mientras se estudia de fondo la legalidad de la medida gubernamental.

Análisis político

Se observa una estrategia del presidente Petro de confrontación directa con la rama judicial, buscando movilizar a su base política bajo la narrativa de defensa de los "derechos del pueblo trabajador" frente a "intereses de élites financieras". Petro busca posicionar la decisión del Consejo de Estado como un ataque a la Constitución y a la voluntad popular, apelando a la Corte Constitucional como un último recurso para validar su postura. Por otro lado, el Consejo de Estado ejerce su función de control y contrapeso, argumentando extralimitación de funciones y riesgos para la sostenibilidad del sistema pensional. El presidente Petro y su gobierno se perfilan como los principales perdedores inmediatos ante la suspensión del decreto, ya que frena una de sus políticas clave en materia pensional. El Consejo de Estado y los fondos de pensiones privados, por su parte, se benefician al mantener el status quo y evitar el traslado de recursos. La narrativa construida por Petro busca generar un conflicto de poderes y polarizar el debate, mientras que la rama judicial defiende su autonomía y el respeto a la institucionalidad.