El presidente Gustavo Petro anunció la eliminación de peajes en la zona cafetera, calificando la medida como el inicio de un cambio en la política de movilidad del país. Esta declaración se dio tras el anuncio de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre la no renovación de la concesión de Autopistas del Café, que finaliza en febrero de 2027. La ANI también acordó tarifas diferenciales para las comunidades del área de influencia de cuatro peajes, reduciendo el costo para vehículos de categoría I de $17.800 a $700. Las decisiones surgen en el contexto de protestas y bloqueos de comunidades en Caldas y Risaralda, quienes cuestionaron la cantidad de peajes en el corredor vial. El presidente argumentó que el modelo de peajes no es racional económicamente y que la obra pública y otras formas de construir infraestructura estatal, como los ferrocarriles, son más baratas. Petro defendió que la movilidad debe ser un derecho y no una carga económica, planteando un debate sobre el financiamiento de la infraestructura vial. La postura del mandatario generó un enfrentamiento con el sector empresarial, representado por Bruce Mac Master de la Andi, quien advirtió sobre incertidumbre para la inversión privada tras el rechazo del megaproyecto vial Conexión Centro. Petro respondió que un cambio en el modelo de financiación, con menos peajes, generaría empleos permanentes y potenciaría proyectos ferroviarios.

Análisis político

Se observa una estrategia del presidente Petro de confrontar el modelo de financiación de infraestructura basado en peajes, presentándolo como un obstáculo para la movilidad y el desarrollo económico. Al mismo tiempo, promueve una visión alternativa centrada en la obra pública estatal y el transporte ferroviario, buscando generar empleo permanente. Esta postura busca capitalizar el descontento de comunidades afectadas por los cobros y posicionarse como un defensor de los ciudadanos frente a intereses privados. El presidente Petro emerge como el principal beneficiado al proyectar una imagen de liderazgo en la defensa de los derechos ciudadanos y la búsqueda de un modelo de movilidad más equitativo. Por otro lado, sectores empresariales, como la Andi, y las concesionarias viales, pierden al ver cuestionado su modelo de negocio y la seguridad jurídica para futuras inversiones. Las narrativas difieren: el gobierno habla de un cambio hacia la equidad y el empleo permanente, mientras que el sector privado alerta sobre riesgos fiscales, operativos y la pérdida de empleos transitorios.