La representante a la Cámara Jennifer Pedraza ha presentado nuevas denuncias contra la Fundación Universitaria San José, señalando que su representante legal, Francisco Pareja, habría obtenido dos títulos académicos de manera irregular. Según Pedraza, Pareja obtuvo un título como Tecnólogo en Gestión Empresarial en diciembre de 2021 y otro como Administrador de Empresas en julio de 2022, en un lapso de tres semestres. La congresista advierte que Pareja no presentó las pruebas de Estado Saber TyT ni Saber Pro, requisitos obligatorios para graduarse según la ley. Pedraza también cuestiona la inacción del Ministerio de Educación, que, según ella, conocía las presuntas irregularidades desde 2020 pero tardó cinco años en determinar que Pareja no cumplía los requisitos para su cargo. La representante califica esta demora como "negligencia" que "raya en la complicidad", sugiriendo que el Ministerio se "enfocó" en otras investigaciones mientras la Fundación presuntamente continuaba emitiendo títulos irregulares. Se menciona que los diplomas de Pareja habrían sido otorgados por su cónyuge, la exrectora Romelia Ñuste, y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien ya está imputado por la Fiscalía en el caso de Juliana Guerrero. Las revelaciones surgen poco después de que el rector de la Fundación San José, Carlos Eduardo Pulido, calificara el caso de Juliana Guerrero como un "hecho aislado". Pedraza refuta esta afirmación, argumentando que la Fundación lleva al menos cuatro años emitiendo títulos irregulares y que no son casos aislados. Además, señala que Pareja habría falsamente declarado ser ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, y que él mismo creó un sistema que instrumentaliza la educación para beneficiar a políticos y negociantes, perjudicando a estudiantes y egresados.

Análisis político

La estrategia política de la representante Jennifer Pedraza se centra en la denuncia pública y la acumulación de pruebas para exponer presuntas irregularidades en el sistema educativo superior. Al vincular el caso de Francisco Pareja con el anterior escándalo de Juliana Guerrero y señalar directamente al Ministerio de Educación por omisión, Pedraza busca generar presión política y mediática. Su discurso apela a la defensa de los estudiantes y egresados, posicionándose como una fiscalizadora rigurosa frente a la corrupción y la negligencia institucional. La estrategia busca erosionar la credibilidad de la Fundación San José y del Ministerio, al tiempo que fortalece su imagen como defensora del interés público. Con estas denuncias, Jennifer Pedraza se consolida como una figura de oposición activa, ganando visibilidad y capital político. Francisco Pareja y la Fundación San José pierden credibilidad y enfrentan un posible escrutinio legal y administrativo más severo. El Ministerio de Educación, por su parte, se ve cuestionado en su rol de ente regulador y supervisor, lo que podría generar un desgaste en su imagen y autoridad. Las narrativas difieren: Pedraza presenta un caso de corrupción sistemática y complicidad institucional, mientras que la Fundación, a través de su rector, intenta minimizarlo como un "hecho aislado" y la responsabilidad de individuos específicos.