La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia anunció una propuesta legislativa para exonerar del pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) a motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos. La iniciativa, que será radicada en el Congreso, plantea que el Estado asuma el costo de este seguro para garantizar la cobertura en salud de los motociclistas en caso de accidentes. Valencia argumentó que la motocicleta es un medio de transporte fundamental para millones de familias colombianas, especialmente en zonas rurales, y que el alto costo del SOAT ha llevado a que más del 60% de las motos circulen sin este seguro, generando multas e inmovilizaciones que afectan desproporcionadamente a los estratos 1, 2 y 3. La propuesta busca aliviar la carga económica de los motociclistas, quienes a menudo utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo y sustento diario. Valencia señaló que más del 91% de las multas por falta de SOAT recaen sobre personas de bajos recursos, y que muchas motocicletas terminan inmovilizadas y abandonadas en patios por no poder cubrir los costos. La candidata enfatizó que la medida no elimina el seguro, sino que traslada su financiación al Estado para asegurar la atención médica de los ciudadanos sin que deban elegir entre comer o pagar el seguro. La iniciativa se presenta en un contexto de campaña electoral rumbo a 2026, donde temas como movilidad, impuestos y economía popular son relevantes. Si bien la propuesta busca beneficiar a un amplio sector de la población, también genera debate sobre su impacto económico, la fuente de financiación para el Estado y la sostenibilidad del sistema de atención a víctimas. Expertos han expresado preocupación por la posibilidad de desprotección y un posible vacío financiero si no se definen mecanismos claros de reemplazo.

Análisis político

La propuesta de Paloma Valencia se enmarca en una estrategia de campaña electoral que busca capitalizar el apoyo de un segmento significativo de la población colombiana: los motociclistas. Al plantear que el Estado asuma el costo del SOAT para motos de hasta 250 cc, la candidata apela a la economía popular y a la necesidad de movilidad de millones de familias, posicionándose como defensora de los sectores vulnerables. Esta medida busca generar un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos, aliviando una carga económica que, según sus argumentos, es insostenible para muchos, y al mismo tiempo, se presenta como una solución a la alta evasión del seguro y a las sanciones que afectan a los estratos más bajos. La narrativa construida por Valencia se centra en la motocicleta como herramienta de trabajo y sustento, contrastando la realidad de los motociclistas con la imposibilidad de cumplir con el pago del SOAT. Quien gana con esta propuesta es, principalmente, la candidata y su campaña, al generar visibilidad y conectar con un electorado amplio y diverso. Los motociclistas, especialmente los de bajos ingresos, se benefician directamente si la propuesta se materializa. Por otro lado, quienes podrían verse afectados son el sistema de aseguramiento y el Estado, ante la incertidumbre sobre la financiación y la sostenibilidad de la medida. La propuesta también abre un debate sobre la responsabilidad fiscal y la priorización del gasto público en el contexto electoral.