Dirigentes de la derecha han denunciado resultados electorales considerados inusuales en territorios afectados por el conflicto armado, donde el candidato Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos en 218 mesas. La excandidata presidencial Paloma Valencia señaló que estas mesas se ubican en "zonas rojas" del Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo, caracterizadas por pobreza, debilidad institucional y economías ilegales. Valencia vinculó estos resultados con la influencia de grupos armados ilegales, como disidencias de las FARC y el ELN, y solicitó una auditoría inmediata de actas y total transparencia antes de la segunda vuelta presidencial. El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció, vinculando la situación con "la fuerza del terror" y señalando a Cepeda y al presidente Petro. En respuesta, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) pidió no estigmatizar a las comunidades de los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), donde se concentran 168 de estas mesas. La ART argumentó que los resultados se deben al "compromiso" del Gobierno Petro con estos territorios y que estigmatizar a sus habitantes sería revictimizarlos. La entidad afirmó que los resultados son un "reconocimiento al Gobierno del presidente Gustavo Petro por su compromiso con los territorios excluidos desde siempre". Un análisis especializado encontró que, si bien hay evidencia de anomalías en mesas con concentración superior al 100% de votos para Cepeda, estas suman un margen pequeño (0.3% de su votación total). Se señala que estas mesas, aunque presentes en municipios con control de grupos armados, no siempre responden a la influencia de Petro y que en algunos casos la tendencia histórica o incluso un "castigo" por la gestión de seguridad del actual presidente influyeron. Sin embargo, se destaca que mesas con el 100% de votos para Cepeda no habían tenido ese comportamiento en 2022, sugiriendo una dinámica diferente en la elección actual.

Análisis político

Se observa una estrategia de la oposición, liderada por figuras como Paloma Valencia y Álvaro Uribe, para cuestionar la legitimidad de los resultados electorales en zonas de conflicto. La narrativa construida se centra en la presunta coacción y captura del voto por parte de grupos armados ilegales, buscando generar dudas sobre la transparencia del proceso y la influencia de la izquierda en estos territorios. Paralelamente, el gobierno, a través de la ART, despliega una contra-narrativa que defiende a las comunidades de estos territorios, presentándolas como víctimas de la adversidad y reconociendo el compromiso gubernamental, buscando evitar la estigmatización y proteger la imagen del actual mandatario. La oposición busca capitalizar estos hallazgos para erosionar el apoyo a Iván Cepeda y, por extensión, al gobierno de Gustavo Petro, vinculando ambos a dinámicas de violencia y control territorial. Quien gana con esta estrategia es la oposición, al posicionarse como garantes de la transparencia electoral y críticos de posibles irregularidades. Por otro lado, el gobierno y la campaña de Cepeda pierden al enfrentar acusaciones que pueden ser difíciles de desvirtuar completamente, aunque ganan al movilizar el apoyo de comunidades y sectores que se sienten estigmatizados por la oposición. La construcción de narrativas distintas se evidencia en la polarización entre "coacción y captura del voto" (oposición) y "reconocimiento al compromiso gubernamental" (gobierno).

Dirigentes de la derecha han denunciado resultados electorales inusuales en territorios afectados por el conflicto armado, donde el candidato Iván Cepeda habría obtenido el 100% de los votos en 218 mesas. La senadora Paloma Valencia señaló que estas mesas se ubican en "zonas rojas" del Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo, caracterizadas por la pobreza, debilidad institucional y presencia de economías ilegales. Valencia vinculó estos resultados con la influencia de grupos armados ilegales, como disidencias de las Farc y el ELN, y solicitó una auditoría inmediata de actas y total transparencia antes de la segunda vuelta. El Gobierno, a través de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), respondió pidiendo no estigmatizar a las comunidades de los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). La ART argumentó que los resultados se deben al "compromiso" del Gobierno Petro con estos territorios y que estigmatizar a sus habitantes sería revictimizarlos. Señalaron que los votos reflejan el reconocimiento a la gestión gubernamental en zonas excluidas históricamente. Análisis independientes sugieren que, si bien hay una concentración de votos por Cepeda en municipios con riesgo criminal, el número total de estos votos (aproximadamente 25.000, o el 0.3% de su votación) tendría poco peso en una elección reñida. Algunos estudios indican que la tendencia de votación unánime en ciertas mesas no es exclusiva de esta elección y que en algunos casos, la relación entre presencia armada y voto por Cepeda no es directa, o incluso se observa una tendencia histórica de voto por la izquierda en esas zonas.

Análisis político

Se observa una estrategia de la oposición, liderada por figuras como Paloma Valencia y Álvaro Uribe, para cuestionar la legitimidad de los resultados electorales en zonas de conflicto. La narrativa construida se centra en la presunta "coacción" y "captura de territorio" por parte de grupos armados ilegales, buscando generar dudas sobre la transparencia del proceso y la libertad del voto. Esta estrategia busca movilizar a su base electoral y desacreditar al candidato de izquierda y al gobierno actual, vinculándolos con dinámicas de violencia. Por otro lado, el Gobierno y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) adoptan una estrategia defensiva y de contención, buscando evitar la estigmatización de las comunidades en zonas PDET. Su narrativa se enfoca en el reconocimiento a la gestión gubernamental y en la necesidad de incluir a estas poblaciones en el desarrollo nacional. Mientras la oposición busca capitalizar la controversia para obtener réditos electorales, el Gobierno intenta proteger la imagen de sus políticas y de las comunidades afectadas por el conflicto.