Nueva ley protege a víctimas de suplantación de identidad en Colombia
Resumen
La Ley 2573 de 2026, promulgada el 19 de mayo, establece un marco de protección para ciudadanos víctimas de suplantación de identidad. La normativa obliga a entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y establecimientos comerciales a suspender de inmediato los cobros, intereses y gastos de cobranza asociados a productos o servicios fraudulentos. Además, se detendrán los reportes negativos a centrales de riesgo mientras se investiga el caso, marcando el registro del afectado como "Víctima de Falsedad Personal" sin afectar su puntaje crediticio.
Esta ley busca mitigar el impacto de fraudes que se han incrementado con la digitalización de las transacciones, donde delincuentes utilizan desde documentos falsificados hasta inteligencia artificial para cometer delitos. Las entidades tendrán un plazo de diez días hábiles para tramitar las quejas y deberán entregar a las víctimas copia de los documentos utilizados para aprobar los créditos o servicios fraudulentos. La carga de demostrar la autenticidad de la operación recaerá principalmente sobre las empresas.
Las víctimas deben informar el fraude a la entidad tan pronto tengan conocimiento, aportar pruebas y presentar denuncia ante la Fiscalía o Policía Nacional dentro de los 20 días hábiles siguientes al reporte inicial. Si se comprueba el fraude, la víctima será exonerada de la deuda. En caso contrario, si se determina que no hubo suplantación, la entidad podrá reanudar el cobro y el usuario podría enfrentar responsabilidades penales por falsa denuncia. El Gobierno también deberá diseñar campañas de prevención y una ruta pública de atención.
Análisis Político
La estrategia política detrás de la Ley 2573 de 2026 se centra en la protección del consumidor y la respuesta a una problemática social creciente como es la suplantación de identidad. Al trasladar la carga de la prueba a las entidades financieras y comerciales y establecer plazos perentorios para la resolución de reclamaciones, se busca empoderar al ciudadano frente a fraudes. La norma también obliga al Gobierno a diseñar campañas de prevención y rutas de atención, lo que sugiere un enfoque proactivo en la gestión de delitos informáticos.
El principal beneficiario de esta ley es el ciudadano común, especialmente aquellos en estratos socioeconómicos medios que, según estudios, son los más afectados por estos fraudes. Las entidades financieras y operadores móviles, por otro lado, enfrentan un aumento en sus costos operativos y de verificación, y una potencial pérdida de ingresos si se comprueban fraudes. La narrativa construida por los promotores de la ley se enfoca en la justicia y la seguridad para el consumidor, mientras que las entidades podrían argumentar la necesidad de equilibrar esta protección con la prevención de fraudes masivos y la eficiencia en sus procesos.
Sesgo mediático
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