La Nueva EPS ha anunciado un nuevo esquema para la entrega de medicamentos en Ibagué, Girardot y Soacha, a partir del 13 de mayo, con Drogas La Rebaja como gestor farmacéutico. Esta medida busca mejorar la dispensación para aproximadamente 70.000 afiliados, quienes deberán acudir a puntos de atención específicos y presentar fórmulas médicas vigentes. La operación se da en un contexto de dificultades reportadas en la entrega de medicamentos a nivel nacional y como parte de una reorganización de la EPS, que permanece intervenida. Esta iniciativa se enmarca en la decisión del gobierno de convertir las farmacias de Drogas La Rebaja, propiedad del Estado tras un proceso de extinción de dominio, en puntos de atención en salud y entrega de medicamentos. La intervención a la cooperativa Coopservir, anterior administradora, se debió a pérdidas financieras significativas. La cadena cuenta con 811 establecimientos operativos y ha implementado medidas para reducir costos y mejorar la rotación de medicamentos. Paralelamente, el Ministerio de Salud emitió la Circular Externa 017 de 2026, que obliga a las EPS a garantizar la continuidad de los tratamientos médicos sin importar fallas administrativas o contractuales. Esta circular responde a quejas recurrentes sobre demoras y falta de suministro, y establece plazos de 48 horas para la entrega de medicamentos pendientes, además de exigir pluralidad de oferentes y planes de mitigación ante desabastecimiento.

Análisis político

Se observa una estrategia gubernamental coordinada para abordar las crisis en la dispensación de medicamentos. Por un lado, se aprovecha la infraestructura de Drogas La Rebaja, ahora bajo control estatal, para optimizar la logística de entrega, buscando una solución directa a las fallas reportadas. Por otro lado, la expedición de la Circular Externa 017 por parte del Ministerio de Salud impone nuevas obligaciones a las EPS, buscando responsabilizarlas y asegurar la continuidad de los tratamientos, independientemente de sus problemas internos. El gobierno, a través del Ministerio de Salud y la intervención de la Nueva EPS, parece ganar legitimidad al mostrar acciones concretas para solucionar un problema sensible para la ciudadanía. Las EPS, especialmente aquellas intervenidas como la Nueva EPS, se ven obligadas a adaptarse a estas nuevas directrices, buscando mejorar su operación para evitar sanciones y cumplir con las exigencias. Los pacientes, en teoría, son los principales beneficiados al tener garantizada la continuidad de sus tratamientos. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de la implementación y el cumplimiento por parte de todos los actores involucrados. Las narrativas se construyen en torno a la protección del paciente y la eficiencia del sistema, con el gobierno posicionándose como garante de estos derechos.