La desaparición de Yulixa Toloza tras una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, registrado como peluquería, destapó presuntas irregularidades y llevó a una investigación por su muerte. El establecimiento, ubicado en el barrio Venecia de Bogotá, habría realizado procedimientos invasivos sin la debida autorización sanitaria, cobrando entre tres y cinco millones de pesos por intervenciones que en clínicas legales pueden costar hasta 20 millones. Las autoridades buscan a tres personas clave y evalúan cargos por manipulación de cámaras de seguridad. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que Yulixa Toloza falleció a causa de una embolia pulmonar dentro del mismo centro estético ilegal. La Fiscalía imputó a cinco personas, incluyendo a la propietaria y a dos ciudadanos venezolanos, por delitos como homicidio agravado y desaparición forzada. Se investiga si la propietaria ofreció dinero para transportar y abandonar el cuerpo en Cundinamarca, intentando encubrir el suceso. Tras estos hechos, la Alcaldía de Bogotá, en conjunto con la Fiscalía y la Policía, intensificó los operativos de vigilancia y control contra las llamadas "clínicas de garaje". En la localidad de Kennedy se sellaron cinco de catorce establecimientos visitados por no contar con la documentación ni las condiciones exigidas para su funcionamiento. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció el redoblamiento de esfuerzos para combatir estos sitios ilegales que ponen en riesgo la vida de las personas.

Análisis político

El caso de Yulixa Toloza ha servido como catalizador para que las autoridades distritales y locales intensifiquen los controles sobre establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos sin la debida autorización. Se observa una estrategia de "mano dura" por parte de la administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien ha declarado una "guerra" contra los sitios ilegales. Esta acción busca no solo responder a la tragedia, sino también proyectar una imagen de gestión y protección ciudadana, especialmente ante la proximidad de eventos electorales. La colaboración entre la Fiscalía, la Policía y las alcaldías locales es fundamental en esta estrategia de vigilancia y control. La narrativa oficial se centra en la necesidad de proteger la salud pública y la seguridad de los ciudadanos, haciendo un llamado a la ciudadanía para verificar la legalidad de los establecimientos. Quienes ganan con esta situación son las autoridades que demuestran acción y control, y las clínicas legales que operan bajo normatividad. Por otro lado, pierden los establecimientos clandestinos y sus responsables, así como los ciudadanos que acuden a ellos por desinformación o por buscar precios más bajos. La construcción de la narrativa busca diferenciar claramente entre los servicios seguros y los ilegales, posicionando a las autoridades como garantes de la seguridad.