El Ministro del Interior, Armando Benedetti, ha desestimado las denuncias sobre presiones e interferencias de grupos armados en las campañas presidenciales, calificándolas como "bulla electoral". Aseguró que el Gobierno Nacional no está utilizando recursos públicos para favorecer candidaturas ni interviniendo en el proceso electoral. Benedetti defendió la actuación del Ejecutivo, destacando el esfuerzo "sin precedentes" para garantizar la protección de candidatos y precandidatos presidenciales a través de medidas como el CORMPE y el despliegue de seguridad. Estas declaraciones contrastan con señalamientos de varios aspirantes presidenciales y alertas de organismos como la Defensoría del Pueblo. Benedetti cuestionó las alertas previas a los comicios, comparándolas con las de elecciones pasadas donde, según él, no ocurrieron incidentes mayores a pesar de las advertencias. Afirmó que los grupos armados "han sido repelidos" por la fuerza pública y que las alertas tempranas tienen una "motivación electoral". El ministro señaló que los candidatos cuentan con esquemas de protección robustos, incluyendo personal de policía y unidades de inteligencia, y que la reunión con observadores internacionales reflejó confianza en las garantías del proceso democrático. Las afirmaciones del ministro surgen en medio de un debate sobre la seguridad electoral y la igualdad de condiciones para las campañas. A pesar de sus declaraciones, se han conocido denuncias específicas, como la del candidato Abelardo de la Espriella sobre amenazas a su campaña, ante lo cual Benedetti anunció coordinación con autoridades para reforzar su seguridad. La ausencia del registrador nacional, Hernán Penagos, en una reunión clave también generó comentarios, especialmente dadas sus recientes diferencias con el presidente Petro sobre el software electoral.

Análisis político

Se observa una estrategia gubernamental de control de narrativa por parte del Ministro del Interior, quien busca minimizar las preocupaciones sobre la seguridad electoral y la posible injerencia de grupos armados. Al calificar las alertas como "bulla electoral", Benedetti intenta deslegitimar las denuncias de los candidatos y proyectar una imagen de control y normalidad en el proceso. Paralelamente, se evidencia un esfuerzo por mostrar la acción del gobierno a través de cifras de despliegue de seguridad y la creación de comités, buscando generar confianza en las garantías electorales. La defensa de la actuación del Ejecutivo y la minimización de riesgos buscan contrarrestar las críticas y asegurar la legitimidad del proceso electoral. El principal beneficiado de esta estrategia es el Gobierno Nacional, que busca proyectar una imagen de fortaleza y control ante la opinión pública y los observadores internacionales. Los candidatos que han denunciado amenazas y presiones, así como la Defensoría del Pueblo, se ven en una posición de menor influencia al ser sus advertencias desestimadas. Las narrativas construidas son claras: el Gobierno asegura que garantiza la seguridad y la transparencia, mientras que otros actores señalan riesgos y posibles irregularidades. La ausencia del registrador nacional en reuniones clave y las diferencias previas con el presidente sobre el software electoral añaden complejidad a la construcción de estas narrativas, sugiriendo posibles tensiones internas sobre la gestión del proceso.