Un tribunal boliviano suspendió el juicio oral contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata agravada de personas, tras su inasistencia a la audiencia fijada para el 11 de mayo. La justicia emitió una orden de captura y arraigo en su contra, declarándolo en rebeldía. La acusación se basa en la presunta relación que Morales habría mantenido con una menor de edad durante su mandato, con la que supuestamente tuvo una hija en 2016. La defensa de Morales argumentó que no fueron notificados personalmente de la citación, sino a través de un edicto, lo que consideran un vicio procesal. Afirman que el proceso es una persecución política y que no se presentarán hasta que se garantice un juicio justo. Morales se encuentra resguardado en la región cocalera del Chapare, su bastión político, protegido por seguidores que buscan impedir su detención. El caso se desarrolla en un contexto de alta tensión política en Bolivia. La Fiscalía ha reunido más de 170 pruebas de cargo y la defensa anuncia acciones legales e incluso reclamos ante instancias internacionales. La suspensión del juicio se mantendrá hasta que Morales comparezca voluntariamente o sea detenido por la fuerza pública.

Análisis político

Se observa una estrategia de confrontación por parte de Evo Morales y su defensa, quienes desestiman la notificación judicial y la califican de persecución política, buscando generar un debate público sobre la legitimidad del proceso. Paralelamente, Morales moviliza a sus bases con marchas y protestas contra el gobierno actual, utilizando el juicio como un elemento para fortalecer su narrativa de víctima y aglutinar apoyo. Evo Morales, a pesar de enfrentar un proceso judicial, se posiciona como un líder perseguido, lo que podría movilizar a su base de apoyo y fortalecer su figura política de cara a futuras contiendas electorales. El gobierno actual, por su parte, busca avanzar en el proceso judicial, lo que podría ser interpretado por sus opositores como un intento de inhabilitar a Morales. La defensa de Morales busca construir una narrativa de "lawfare" y persecución política, mientras que la fiscalía se enfoca en la presentación de pruebas y el cumplimiento de los procedimientos legales.