La exconsejera presidencial Sandra Ortiz fue dejada en libertad por un juez de Bogotá debido a vencimiento de términos en el proceso judicial que enfrenta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La exfuncionaria, detenida desde diciembre de 2024, completó 329 días sin que iniciara formalmente la etapa de juicio, excediendo el límite legal establecido. Ortiz es señalada por la Fiscalía como una pieza clave en el esquema de corrupción, actuando como "mensajera" para la entrega de sobornos por aproximadamente 3.000 millones de pesos a congresistas, según testimonios de exdirectivos de la UNGRD. Durante las audiencias, la defensa de Ortiz cuestionó la imparcialidad de la jueza y denunció presiones de la Fiscalía para incriminar a ministros del gobierno Petro, argumentando que el proceso tenía motivaciones políticas. La decisión de libertad ha generado controversia en las altas cortes, evidenciando fallas en los criterios procesales y en el conteo de tiempos. A pesar de su liberación, el proceso judicial en su contra continúa en la etapa de audiencias preparatorias, donde se definirán las pruebas para el juicio oral.

Análisis político

La estrategia de la defensa de Sandra Ortiz se centró en dilatar el proceso judicial mediante recursos legales, recusaciones y la denuncia de presiones por parte de la Fiscalía. Al argumentar que el caso tenía motivaciones políticas y que la Fiscalía buscaba incriminar a ministros del gobierno Petro, se buscó desviar el enfoque del proceso jurídico hacia una disputa política, buscando generar dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial. Con esta decisión, Sandra Ortiz gana tiempo y visibilidad mediática, mientras que la Fiscalía y el sistema judicial enfrentan un revés que puede ser interpretado como una falla en la administración de justicia. La defensa de Ortiz logra un respiro y la posibilidad de continuar su defensa en libertad, mientras que la Fiscalía debe reevaluar su estrategia para avanzar en el caso y demostrar la culpabilidad de la exconsejera.