La familia de Jaime Esteban Moreno, joven universitario asesinado en octubre de 2025, ha expresado su profunda preocupación ante el riesgo de vencimiento de términos en el proceso judicial contra los presuntos responsables. Denuncian que múltiples retrasos administrativos y aplazamientos de audiencias, sumados a un traslado de expediente a otro juzgado por un acuerdo de descongestión judicial, han afectado la continuidad del caso. La legislación colombiana establece un plazo máximo para el inicio del juicio oral, y de superarse, los procesados podrían solicitar la libertad pese a las pruebas en su contra. El proceso ha sufrido demoras significativas desde la radicación del escrito de acusación en diciembre del año pasado. La situación se agravó con el traslado del expediente a un nuevo despacho judicial, que requirió tiempo para familiarizarse con el caso, y otras reprogramaciones administrativas. La familia teme que, si no se toma una decisión de fondo antes del próximo 20 de junio, los detenidos puedan quedar en libertad automáticamente. Las audiencias pendientes fueron reprogramadas para junio, buscando evitar este escenario y la impunidad. La gravedad de los hechos, que incluyen el ataque a golpes al estudiante tras una fiesta de Halloween y la existencia de pruebas audiovisuales y testimonios, ha generado amplia atención. La Fiscalía ha emitido una acusación formal por homicidio agravado, insistiendo en la necesidad de que los implicados permanezcan privados de la libertad. La familia exige justicia y que la muerte de Jaime Esteban Moreno no se convierta en una cifra más de la violencia en la capital.

Análisis político

Se observa una estrategia de la familia de la víctima y su abogado para ejercer presión pública y mediática sobre la Rama Judicial, buscando agilizar el proceso y evitar la impunidad. La difusión de la preocupación por el vencimiento de términos busca generar un sentido de urgencia en las autoridades judiciales. Por otro lado, las defensas de los procesados podrían estar utilizando las dilaciones y los cambios administrativos como tácticas para alargar el proceso y favorecer la eventual solicitud de libertad por vencimiento de términos. La familia de la víctima y la Fiscalía ganan visibilidad y apoyo al exponer la situación, mientras que los procesados y sus defensas podrían perder si la presión pública resulta en una aceleración del proceso que no les favorezca. Las narrativas se construyen en torno a la búsqueda de justicia frente a la posible impunidad, contrastando con la perspectiva de los procesados que buscan ejercer sus derechos legales ante las demoras del sistema judicial.