Una jueza de conocimiento de Bogotá declaró inocente al exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, en el proceso penal relacionado con la 'narco-finca'. La Fiscalía lo acusaba de destruir o alterar material probatorio para ocultar la existencia de un laboratorio de procesamiento de cocaína en una finca de su propiedad en Guasca, Cundinamarca. El caso se originó tras el hallazgo de tres laboratorios y sustancias químicas en febrero de 2020. La teoría de la Fiscalía sostenía que Sanclemente habría ordenado a sus trabajadores quemar elementos como computadores, memorias USB y discos duros para no dejar rastro. Sin embargo, la jueza concluyó que la Fiscalía no logró demostrar la participación del exembajador en los hechos imputados. La funcionaria judicial indicó que no se acreditó el hecho puntual por el cual se le imputó la conducta de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Tras seis años de proceso, la defensa del exembajador celebró la decisión, argumentando que probaron que Sanclemente no participó en el laboratorio ni destruyó pruebas. La Fiscalía, que inicialmente imputó cargos, finalmente estuvo de acuerdo con el sentido del fallo absolutorio. La lectura de la sentencia se realizará en los próximos días.

Análisis político

La absolución del exembajador Fernando Sanclemente en el caso de la 'narco-finca' representa una victoria para su defensa y un revés para la estrategia de la Fiscalía. La narrativa de la defensa se centró en demostrar la inocencia de Sanclemente, argumentando que no participó en actividades ilícitas ni en la destrucción de pruebas. La decisión judicial valida esta postura, sugiriendo que la evidencia presentada por la Fiscalía no fue suficiente para probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Este evento político-judicial puede ser interpretado como una demostración de la fortaleza del debido proceso y la presunción de inocencia. Para Sanclemente, la absolución le permite limpiar su nombre y potencialmente retomar actividades públicas o profesionales. Para la Fiscalía, el caso subraya la importancia de construir casos sólidos con pruebas contundentes, especialmente en acusaciones de delitos como la destrucción de material probatorio, donde la carga de la prueba es alta.