JEP eleva a 7.837 la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia

Abril 30, 2026

JEP eleva a 7.837 la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia

Resumen i

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualizó la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos", a 7.837 casos, ampliando el periodo de análisis de 2002-2008 a 1990-2016. Este incremento se debe a la inclusión de nuevas bases de datos y cerca de mil informes adicionales de víctimas. El presidente Gustavo Petro calificó estos hechos como "el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo" y señaló directamente al expresidente Álvaro Uribe como responsable político.

El magistrado Pedro Díaz precisó que el informe abarca homicidios y desapariciones forzadas presuntamente cometidos por la fuerza pública, presentados como bajas en combate, con Antioquia registrando 1.932 casos. Se confirmó la coordinación entre grupos paramilitares y unidades del Ejército Nacional en la región de Urabá durante 2004 y 2005, en el contexto de la política de seguridad democrática. La JEP advirtió que las cifras son provisionales y podrían aumentar a medida que avanzan las investigaciones y confesiones.

Expertos señalan que la JEP está sirviendo como herramienta para la verdad histórica y judicial, a pesar de desafíos de financiación y rechazo político. La continuidad de la jurisdicción se considera fundamental para el acceso a la verdad y justicia de las víctimas, independientemente de los resultados electorales. Estos escenarios son necesarios para la memoria colectiva y la prevención de futuras repeticiones de estos crímenes.

Análisis Político i

La revelación de la JEP sobre el aumento de las víctimas de "falsos positivos" ha generado una fuerte polarización política. El presidente Petro utiliza la cifra para reforzar su narrativa de "seguridad democrática" como un periodo de "muerte total" y señalar directamente al expresidente Uribe, buscando consolidar su base política y desacreditar a la oposición. Por otro lado, la defensa de Uribe niega la directriz gubernamental, intentando desvincularse de la responsabilidad política y centrándose en la labor de la JEP como un proceso judicial en curso.

La organización Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO) rechaza la posibilidad de que Uribe ocupe un cargo ministerial en un eventual gobierno, calificándolo de "burla" y "falta de respeto" a las víctimas. Esta postura busca presionar el debate político y exigir que la memoria, verdad y justicia sean centrales en las discusiones. La JEP, al ampliar el periodo y cruzar datos, fortalece su rol como garante de la verdad judicial, mientras que las cifras actualizadas se convierten en un elemento clave en la contienda electoral y en la construcción de narrativas sobre el conflicto armado.

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