JEP eleva a 7.837 la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia

Abril 30, 2026

JEP eleva a 7.837 la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia

Resumen i

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualizó la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos", a 7.837 casos, ampliando el periodo de análisis de 2002-2008 a 1990-2016. Este incremento se debe al cruce de nuevas bases de datos y a la inclusión de informes adicionales de víctimas. La cifra es provisional y podría seguir aumentando a medida que avanzan las investigaciones.

El presidente Gustavo Petro reaccionó calificando estos hechos como "el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo" y señaló directamente al expresidente Álvaro Uribe como responsable político. La JEP precisó que el informe abarca homicidios y desapariciones forzadas presuntamente cometidos por la fuerza pública, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, con Antioquia registrando la mayor cantidad de casos.

Expertos y organizaciones de víctimas subrayan la importancia de la continuidad de la JEP para el acceso a la verdad y la justicia. Se enfatiza que estos procesos son cruciales para que la sociedad recuerde estos hechos y evite su repetición, independientemente de los resultados electorales futuros. La magnitud de los casos y la vinculación de actores estatales y paramilitares en la región de Urabá durante 2004 y 2005 son puntos clave en las revelaciones.

Análisis Político i

La actualización de la cifra de "falsos positivos" por parte de la JEP reaviva el debate político y judicial sobre uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado. El presidente Petro utiliza esta revelación para reforzar su narrativa crítica hacia gobiernos anteriores, señalando directamente al expresidente Uribe y vinculando los hechos a la "seguridad democrática". Esta estrategia busca consolidar su base política y presionar por un mayor esclarecimiento y justicia, mientras que los sectores afines al expresidente Uribe niegan la directriz y defienden la política de seguridad de su época.

La JEP, al ampliar el periodo de investigación y cruzar nuevas bases de datos, fortalece su rol como garante de verdad y justicia transicional. La cifra actualizada beneficia a quienes buscan un reconocimiento más amplio de las víctimas y presiona a los responsables a confesar. Por otro lado, la propuesta de designar a Uribe como ministro de Defensa en un eventual gobierno de Paloma Valencia es rechazada por organizaciones de víctimas, quienes ven en ello una falta de respeto y un intento de desconocer la magnitud de los crímenes. Esto genera una polarización política donde se construyen narrativas opuestas sobre la responsabilidad y la memoria histórica.

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