El Instituto Nacional de Cancerología (INC) y la Nueva EPS alcanzaron un acuerdo de pago y contractual para garantizar la continuidad de los servicios oncológicos a sus afiliados. La decisión del INC de suspender la atención a nuevos pacientes, debido a una deuda acumulada que superaba los $146.000 millones a marzo de 2026, generó preocupación. El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, anunció pagos de cuentas listas para la próxima semana y se comprometió a restablecer la relación institucional. La suspensión anunciada por el INC, que entraría en vigor el 1 de mayo de 2026, afectaría a miles de pacientes y generó reacciones inmediatas. El senador electo Andrés Forero señaló que la deuda se cuadruplicó desde la intervención de la EPS. El presidente Gustavo Petro también se refirió a la situación, sugiriendo que otras EPS podrían estar en peores condiciones. El INC aclaró que la medida no afectaba urgencias oncológicas ni la atención a menores de edad con cáncer. El Ministerio de Salud desautorizó la restricción del INC, argumentando que contraviene la Ley 1751 de 2015, que garantiza el derecho fundamental a la salud. La cartera advirtió sobre posibles acciones legales y disciplinarias si la medida persistía. Finalmente, tras una reunión entre la directora del INC y el interventor de la Nueva EPS, se llegó a un acuerdo que incluye la firma de un nuevo contrato y un convenio de colaboración para optimizar la coordinación institucional.

Análisis político

Se observa una estrategia de presión por parte del Instituto Nacional de Cancerología al anunciar la suspensión de servicios, buscando forzar un acuerdo de pago ante la creciente deuda de la Nueva EPS. Por otro lado, la intervención del Ministerio de Salud y las declaraciones del interventor de la Nueva EPS reflejan una estrategia de contención y búsqueda de soluciones, apelando a la normatividad y al derecho fundamental a la salud. El senador electo Andrés Forero utiliza la situación para evidenciar la magnitud de la deuda y cuestionar la gestión de la EPS intervenida. El Instituto Nacional de Cancerología y el Ministerio de Salud parecen ganar credibilidad al defender el derecho a la salud de los pacientes, mientras que la Nueva EPS, a través de su interventor, busca restablecer la confianza y demostrar capacidad de gestión. El senador Andrés Forero se posiciona como un fiscalizador de la salud pública. La narrativa del INC se centra en la insostenibilidad financiera por la deuda, mientras que el Ministerio y el interventor de la EPS enfatizan la protección del paciente y la obligación de garantizar el servicio, desautorizando la medida restrictiva como una acción unilateral e inapropiada.