Industria alimentaria alerta sobre nuevo etiquetado frontal propuesto por el Gobierno
Resumen
El Ministerio de Salud y Protección Social ha propuesto un nuevo proyecto de resolución para modificar el esquema de etiquetado nutricional y frontal de alimentos en Colombia, buscando derogar la Resolución 810 de 2021. La iniciativa introduce un sello de advertencia para productos "ultraprocesados" y adapta las reglas para empaques pequeños con "microsellos", con el objetivo de facilitar decisiones de compra informadas y prevenir enfermedades asociadas a la dieta.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), a través de su Cámara de la Industria de Alimentos, ha expresado profunda preocupación por la propuesta. El gremio argumenta que la medida carece de suficiente evidencia científica, podría generar inestabilidad jurídica y técnica, y representa una "restricción desproporcionada" que afectaría a más de 51.000 empresas, el 98,5% de las cuales son micro y pequeñas.
La Andi ha criticado la falta de respuesta del Ministerio a su solicitud de establecer mesas de trabajo para evaluar el impacto real de la medida en la industria y el empleo. Señalan que la definición de "ultraprocesados" propuesta no existe en regulaciones internacionales y que la transición de seis meses es insuficiente para los ajustes requeridos, advirtiendo sobre posibles obstáculos al comercio.
Análisis Político
Se observa una estrategia del Gobierno por endurecer las normativas de salud pública, enfocándose en la información al consumidor sobre alimentos ultraprocesados, alineándose con políticas previas como la reforma tributaria. La Andi, por su parte, emplea una estrategia de resistencia y alerta temprana, movilizando al sector empresarial y buscando dilatar o modificar la regulación mediante argumentos técnicos, económicos y de impacto en el empleo.
El Gobierno parece ganar legitimidad al abordar problemas de salud pública como la obesidad, mientras que la Andi y la industria alimentaria, especialmente las pymes, se posicionan como los perdedores ante la imposición de nuevas cargas regulatorias y costos. Las narrativas difieren: el Gobierno enfatiza la salud pública y la protección al consumidor, mientras que la industria resalta los riesgos económicos, la falta de sustento científico y la ausencia de diálogo participativo.
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