Industria alimentaria alerta sobre nuevo etiquetado frontal propuesto por el Gobierno
Resumen
El Ministerio de Salud y Protección Social ha propuesto un nuevo proyecto de resolución para modificar el esquema de etiquetado nutricional y frontal de alimentos en Colombia, buscando derogar la Resolución 810 de 2021. La iniciativa introduce un sello de advertencia para productos "ultraprocesados" y adapta las reglas para empaques pequeños con "microsellos", con el objetivo de facilitar decisiones de compra informadas y prevenir enfermedades asociadas a la dieta.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), a través de su Cámara de la Industria de Alimentos, ha expresado profunda preocupación por la propuesta. El gremio argumenta que la medida carece de suficiente evidencia científica, podría generar inestabilidad jurídica y técnica, y representa una "restricción desproporcionada" que afectaría a más de 51.000 empresas, el 98,5% de las cuales son micro y pequeñas.
La Andi ha señalado la falta de respuesta del Ministerio a su solicitud de establecer mesas de trabajo para evaluar el impacto real de la medida en la industria y el empleo. Critican la creación de una definición de "ultraprocesados" no existente en regulaciones internacionales y la prohibición de códigos QR. El gremio insta a los actores del sector a presentar comentarios al Ministerio antes del 6 de mayo.
Análisis Político
Se observa una estrategia del Gobierno por endurecer las normativas de etiquetado de alimentos, alineándose con políticas de salud pública para combatir la obesidad y enfermedades crónicas, y reforzando medidas fiscales previas sobre alimentos ultraprocesados. La Andi, por su parte, despliega una estrategia de resistencia y negociación, enfatizando el impacto económico y la falta de sustento técnico-científico de la propuesta gubernamental, buscando influir en la regulación a través de la consulta pública y la advertencia sobre la afectación a las pymes.
El Gobierno Petro parece ganar en la construcción de una narrativa de protección de la salud pública y de avance en políticas de bienestar, mientras que la Andi busca posicionarse como defensora del sector productivo y del empleo. La industria alimentaria, especialmente las pymes, se presenta como el sector que pierde ante una regulación que considera desproporcionada y sin el debido sustento, advirtiendo sobre posibles crisis económicas y laborales.
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