Human Rights Watch (HRW) ha publicado un informe que detalla el presunto apoyo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) al reclutamiento y despliegue de cientos de exmilitares colombianos para combatir junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en Sudán. La organización señala que estos contratistas habrían transitado y recibido entrenamiento en instalaciones militares emiratíes antes de ser enviados al conflicto sudanés. El informe, titulado "De Bogotá a El Fasher", reúne pruebas que vinculan a la compañía de seguridad Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi, con este esquema de reclutamiento. HRW ha solicitado sanciones contra la compañía y una investigación sobre el papel de los EAU. El informe de HRW documenta la participación de estos mercenarios colombianos en acciones bélicas y en el adiestramiento de combatientes de las RSF, incluyendo niños, en Sudán. Se han presentado denuncias de masacres y delitos de guerra asociados a la presencia de estos efectivos. La organización internacional ha pedido a la comunidad internacional que exija a los EAU suspender su colaboración con las RSF y ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a investigar a GSSG por posible violación del embargo de armas sobre Darfur. La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha dejado un alto número de muertos y una grave crisis humanitaria. Ante esta situación, la creciente presencia de exmilitares colombianos en conflictos extranjeros ha llevado al gobierno colombiano a crear una ley que prohíbe el mercenarismo, buscando controlar la mano de obra bien entrenada derivada de su conflicto interno. Los EAU han negado las acusaciones, afirmando que su territorio no se utiliza para el reclutamiento de combatientes extranjeros. Sin embargo, HRW sostiene que los temas de seguridad en los EAU son controlados por el Estado, un gobierno autoritario y centralista.

Análisis político

Se observa una estrategia de deslocalización del conflicto por parte de actores estatales o paraestatales, utilizando mano de obra militar privada extranjera para evitar la implicación directa y la rendición de cuentas. La narrativa construida por HRW busca exponer la complicidad de los EAU y presionar a la comunidad internacional para que imponga sanciones y suspenda la cooperación militar, mientras que los EAU se defienden negando las acusaciones y apelando a su política de no permitir el uso de su territorio para tales fines. Los Emiratos Árabes Unidos y la compañía GSSG se perfilan como los principales actores señalados, buscando mantener una negación plausible mientras se benefician de la intervención en conflictos ajenos. Colombia, por su parte, se ve envuelta en una situación delicada, ya que su ley contra el mercenarismo se ve desafiada por la realidad de sus exmilitares participando en guerras internacionales, lo que podría generar tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre la efectividad de sus políticas de seguridad y control migratorio. Los ganadores potenciales son aquellos que buscan desestabilizar regiones sin asumir costos políticos directos, mientras que las víctimas del conflicto en Sudán y la credibilidad de las normativas internacionales son los grandes perdedores.