El Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno nacional han instado al Congreso a aprobar el proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria antes del 20 de junio, fecha de cierre de la legislatura. El proyecto, radicado en agosto de 2024, busca establecer un sistema judicial especializado para resolver disputas de tierras y formalizar la reforma agraria, un compromiso clave del Acuerdo de Paz de 2016. A pesar de los llamados de urgencia y la aprobación de la ponencia en la Cámara de Representantes, el avance en el Senado se ha visto obstaculizado por la falta de quórum, atribuida a estrategias de la oposición. La principal controversia gira en torno al artículo noveno, que otorga facultades especiales a la Agencia Nacional de Tierras para resolver conflictos agrarios. Sectores de la oposición argumentan que esto podría derivar en "expropiación exprés" y debilitar el control judicial. La Corte Suprema de Justicia también ha expresado preocupación, señalando que el proyecto podría "relegar la intervención del juez agrario a escenarios excepcionales" y afectar derechos consolidados, solicitando una delimitación clara de competencias. Ante la falta de avances y las advertencias judiciales, el proyecto ha quedado en manos de una mesa técnica para buscar consensos. Si no se aprueba antes del fin de la legislatura, el Gobierno ha anunciado que lo presentará nuevamente en julio de 2026. El presidente Petro ha criticado las trabas, calificándolas como un "golpe rotundo" a la reforma agraria y convocando a la "coordinación social" para expresar rechazo a las decisiones judiciales.

Análisis político

Se observa una estrategia de la oposición centrada en la dilación y el bloqueo del proyecto de Jurisdicción Agraria mediante la ruptura del quórum en el Senado. Paralelamente, el Gobierno y sus aliados buscan acelerar su aprobación, utilizando mensajes de insistencia y destacando su importancia para la reforma rural y el Acuerdo de Paz. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, interviene con advertencias técnicas sobre la redacción del articulado, particularmente el artículo noveno, lo que genera un debate sobre el equilibrio entre la administración y la justicia. El Gobierno y sus aliados políticos, incluyendo la Judicatura, buscan posicionar la Jurisdicción Agraria como una deuda histórica y un pilar fundamental de su agenda, ganando apoyo de sectores campesinos e indígenas. La oposición, representada por senadores críticos de la "expropiación exprés", busca capitalizar el temor de los tenedores de tierras y presentarse como defensores de la propiedad privada, perdiendo potencialmente apoyo si el proyecto se hunde por su causa. La Corte Suprema, al emitir sus advertencias, se posiciona como garante de la seguridad jurídica y el debido proceso, influyendo en la narrativa sobre la idoneidad de la propuesta legislativa.

El Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno nacional han instado al Congreso a aprobar el proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria antes del 20 de junio, fecha de cierre de la legislatura. El proyecto, radicado en agosto de 2024, busca establecer un sistema judicial especializado para resolver disputas de tierras y formalizar la reforma agraria, un compromiso clave del Acuerdo de Paz de 2016. A pesar de los llamados de urgencia y la insistencia del Ejecutivo, el avance en el Legislativo se ha visto obstaculizado, generando preocupación entre sus impulsores. La discusión en el Senado se detuvo debido a la falta de quorum, provocada por la salida de bancadas de oposición que argumentan preocupaciones sobre el artículo noveno, el cual, según ellos, podría permitir una "expropiación exprés" al otorgar facultades especiales a la Agencia Nacional de Tierras. En contraste, la Cámara de Representantes aprobó la ponencia positiva del proyecto, mostrando una mayor disposición para avanzar en su articulado. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha emitido advertencias sobre el proyecto, señalando que el artículo noveno podría debilitar el papel del juez y fortalecer excesivamente el poder administrativo en detrimento de los derechos subjetivos. Ante el estancamiento, se ha conformado una mesa técnica para buscar consensos sobre los puntos polémicos, especialmente el artículo noveno. Si el proyecto no se aprueba en esta legislatura, el Gobierno ha anunciado que lo presentará nuevamente en julio de 2026. El presidente Petro ha rechazado las objeciones de la Corte Suprema, calificándolas como un "golpe rotundo" a la reforma agraria y un incumplimiento del acuerdo de paz, convocando a organizaciones sociales a expresar su rechazo a través de una constituyente.

Análisis político

Se observa una estrategia de dilación por parte de sectores de oposición en el Senado, quienes utilizan la falta de quorum como mecanismo para impedir el avance del proyecto de Jurisdicción Agraria. Esta táctica se centra en la preocupación por el artículo noveno, que interpretan como una herramienta de "expropiación exprés", construyendo una narrativa de defensa de la propiedad privada frente a un posible abuso del poder administrativo. Por otro lado, el Gobierno y sus aliados políticos, incluyendo la Judicatura, promueven una narrativa de cumplimiento de acuerdos de paz y justicia social, presentando el proyecto como una deuda histórica con el campesinado y un pilar fundamental de la reforma agraria. El principal beneficiado de este estancamiento es la oposición, que logra frenar una iniciativa clave del Gobierno y capitalizar el debate sobre la propiedad de la tierra. El Gobierno, por su parte, pierde impulso legislativo y se ve forzado a reintroducir el proyecto en la próxima legislatura, lo que podría debilitar su agenda. La Corte Suprema de Justicia, al emitir sus advertencias, se posiciona como un garante del debido proceso y la seguridad jurídica, generando un contrapeso institucional que complica la aprobación del proyecto en sus términos actuales. La narrativa del "poder terrateniente" y la "revancha conservadora" utilizada por el presidente Petro busca movilizar a sus bases y presionar a las instituciones.

El Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno nacional han instado al Congreso a aprobar el proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria antes del 20 de junio, fecha de cierre de la legislatura. El proyecto, radicado en agosto de 2024, busca establecer un sistema judicial especializado para resolver disputas de tierras y formalizar la reforma agraria, un compromiso clave del Acuerdo de Paz de 2016. A pesar de los llamados de urgencia y la insistencia del Ejecutivo, el avance en el Legislativo ha sido lento, generando preocupación entre sus impulsores. La plenaria del Senado experimentó un fracaso en su avance debido a la ruptura del quórum, provocada por la salida de bancadas de oposición durante la votación de impedimentos. Senadores del Pacto Histórico criticaron esta estrategia, calificándola como una falta de interés en los campesinos y una deuda con el campo. La vicepresidenta del Senado tuvo que levantar la sesión ante la ausencia de quórum, convocando a una nueva para continuar la discusión de los impedimentos. Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia emitió observaciones sobre el artículo noveno del proyecto, advirtiendo que la atribución predominante de procedimientos agrarios a la Agencia Nacional de Tierras podría debilitar el papel del juez y afectar derechos subjetivos. La Corte enfatizó la necesidad de un control judicial pleno y especializado, generando debate sobre la estructura de competencias y la garantía del debido proceso.

Análisis político

Se observa una estrategia de dilación por parte de sectores de oposición en el Senado, quienes utilizan la ruptura del quórum como mecanismo para impedir el avance del proyecto de Jurisdicción Agraria. Esta táctica busca evitar la aprobación de una iniciativa considerada clave para la reforma agraria del actual gobierno. Por otro lado, el oficialismo, junto con la Judicatura, ejerce presión mediante llamados de urgencia y mensajes de insistencia, buscando cumplir con compromisos de campaña y del Acuerdo de Paz antes del cierre legislativo. El Gobierno y sus aliados en el Congreso buscan posicionar la Jurisdicción Agraria como una deuda histórica con el campesinado y un pilar fundamental de su agenda. La oposición, en cambio, construye una narrativa centrada en el riesgo de "expropiación exprés" y el debilitamiento del control judicial, argumentando preocupaciones sobre el artículo noveno y la autonomía de la Agencia Nacional de Tierras. La Corte Suprema de Justicia, al emitir sus advertencias, se posiciona como un actor técnico que, si bien no cuestiona la adjudicación a la ANT, sí subraya la necesidad de un control judicial robusto, lo que puede ser interpretado por diferentes actores como un respaldo a sus respectivas posturas.