El Gobierno Nacional solicitó la suspensión de órdenes de captura, incluidas las de extradición, para 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos su líder alias 'Chiquito Malo'. El objetivo es facilitar su traslado a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Córdoba y Chocó, programado para el 25 de junio, como parte del proceso de paz y diálogo con esta estructura armada. Esta medida busca crear un ambiente propicio para las negociaciones y la desmovilización, aunque el alcance de la suspensión está condicionado al cumplimiento de los términos y condiciones establecidos. La decisión se enmarca en la política de 'paz total' del presidente Gustavo Petro y se fundamenta en resoluciones previas que autorizaron la creación de un espacio de conversación formal con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. La medida fue comunicada a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, entidades que participarán en la verificación. La administración enfatiza que la suspensión no implica impunidad, ya que los integrantes continuarán respondiendo ante los tribunales colombianos. Esta acción ha generado debate, especialmente por los compromisos previos con Estados Unidos de redoblar la persecución de capos narco, y por las alertas de la Defensoría del Pueblo sobre la expansión armada del grupo. El Gobierno defiende la medida como un paso necesario para la soberanía nacional y los intereses de la paz, trazando un límite claro frente a las voces internacionales y buscando proteger las negociaciones del debate electoral.

Análisis político

Se observa una estrategia gubernamental de 'paz total' que prioriza el diálogo y la negociación con grupos armados, incluso aquellos con graves prontuarios criminales y requeridos por la justicia internacional. La suspensión de órdenes de captura, incluyendo las de extradición, para cabecillas clave como 'Chiquito Malo', busca facilitar la participación directa en mesas de diálogo y la posterior desmovilización. Esta táctica se alinea con la necesidad de avanzar en acuerdos antes del fin del mandato presidencial, a pesar de las tensiones diplomáticas y las críticas internas sobre la concesión de beneficios. El Gobierno busca ganar legitimidad para su política de paz, presentando la medida como un acto de soberanía nacional y un paso indispensable para la construcción de confianza. Quienes ganan son los líderes del Clan del Golfo, al obtener un salvoconducto temporal para participar en el proceso, y el Gobierno, al poder mostrar avances en sus negociaciones. Quienes pierden son aquellos sectores que abogan por mano dura contra el crimen organizado y quienes ven en esta medida un riesgo para la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, además de la posible afectación a la credibilidad internacional del país en materia de justicia.

El Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia acordaron el traslado de más de 400 combatientes a dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, a partir del 25 de junio de 2026. Esta medida, parte de la política de "paz total", incluye la suspensión de órdenes de captura, incluso aquellas con fines de extradición, para facilitar el desplazamiento de los integrantes del grupo armado. El proceso cuenta con la supervisión de organismos nacionales e internacionales y busca avanzar en la construcción de confianza para una solución dialogada a las violencias. La decisión ha generado debate, especialmente por la suspensión de capturas para cabecillas como alias ‘Chiquito Malo’, requerido por la justicia estadounidense. El Alto Consejero para la Paz, Otty Patiño, defendió la medida argumentando que la soberanía nacional y los intereses de la paz priman sobre voces externas, aunque reconoció la necesidad de tener en cuenta la postura de Estados Unidos. El Ejecutivo enfatizó que la suspensión de capturas no implica impunidad, ya que los combatientes seguirán respondiendo ante los tribunales colombianos. Este acuerdo se da en un contexto de expansión territorial del Clan del Golfo, evidenciada por alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre su influencia en diversas regiones y disputas armadas. A pesar de los compromisos adquiridos en los diálogos, se han registrado enfrentamientos con otras disidencias y señalamientos contra organizaciones de derechos humanos. Ambas partes hicieron un llamado a la sociedad para proteger las negociaciones de la instrumentalización electoral y mantener la reserva necesaria para la construcción de confianza.

Análisis político

Se observa una estrategia gubernamental de "paz total" que prioriza el diálogo y la desmovilización de grupos armados, incluso a costa de beneficios jurídicos como la suspensión de órdenes de captura y extradición. El Gobierno busca generar confianza y avanzar en acuerdos, mientras que el Clan del Golfo parece utilizar estos espacios para consolidar su presencia y negociar condiciones favorables. La suspensión de capturas para cabecillas clave, como alias ‘Chiquito Malo’, representa una victoria para el grupo, facilitando su movilidad y participación en el proceso. Por otro lado, el Gobierno, al facilitar estos traslados, busca mostrar avances en su política de paz, aunque enfrenta críticas por la aparente impunidad y la persistente expansión del grupo. Las narrativas difieren significativamente. El Gobierno presenta la medida como un paso necesario para la paz, enfatizando la soberanía nacional y la ausencia de impunidad. El Clan del Golfo, a través de sus voceros y acciones, busca legitimar su participación en los diálogos y obtener beneficios. Sectores críticos, como la Defensoría del Pueblo, construyen una narrativa de riesgo y expansión armada, contrastando la política de paz con la realidad del orden público. La solicitud de suspensión de capturas, en paralelo a las alertas de la Defensoría, genera una tensión entre la apuesta por la paz negociada y la necesidad de mantener el control territorial y la seguridad ciudadana.