Luis Alberto Villota Rodríguez, alias ‘Tito’, cabecilla del frente Comuneros del Sur y designado gestor de paz, se fugó de la Clínica Fátima en Pasto la noche del viernes 5 de junio. Hombres armados irrumpieron en el centro asistencial, desarmaron a los custodios del INPEC y facilitaron su escape. Villota Rodríguez estaba recluido desde febrero de 2026 y enfrentaba procesos por delitos como rebelión, secuestro y homicidio. La fuga se produjo durante un traslado médico autorizado, donde un sujeto armado intimidó a los funcionarios del INPEC y les arrebató sus armas de dotación. Según los reportes, no hubo disparos ni personas lesionadas, salvo un dragoneante del INPEC que recibió golpes. Las autoridades activaron un plan candado y operativos de búsqueda para recapturar al fugitivo y a los responsables del rescate. Alias ‘Tito’ es señalado de participar en acciones violentas en Nariño, incluyendo una masacre en diciembre de 2023 y el homicidio de una líder juvenil en octubre de 2023. Su designación como gestor de paz se dio en el marco de los diálogos de paz con el Gobierno nacional, a pesar de su prontuario criminal.

Análisis político

La fuga de alias ‘Tito’ pone en evidencia la vulnerabilidad de los esquemas de seguridad para personas privadas de la libertad, especialmente aquellas involucradas en procesos de paz. La operación de rescate, ejecutada por un grupo armado, sugiere una capacidad de planificación y ejecución que desafía a las autoridades penitenciarias y judiciales. La narrativa oficial se centra en la recaptura y la investigación de posibles complicidades internas, mientras que la narrativa de los grupos armados se manifiesta en acciones directas que buscan desestabilizar el control estatal. Políticamente, este evento genera un golpe a la credibilidad del programa de Paz Total del gobierno, al evidenciar que figuras clave en los diálogos pueden ser sustraídas del sistema judicial mediante la fuerza. Quienes se benefician son las estructuras armadas que demuestran su poder y capacidad de acción, mientras que el Estado y sus instituciones de seguridad y justicia pierden legitimidad. La construcción de narrativas se polariza entre la necesidad de mano dura contra el crimen y la complejidad de los procesos de paz que involucran a actores con historiales violentos.