El Gobierno nacional solicitó a la Fiscalía suspender las órdenes de captura, incluidas las de extradición, contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos su máximo cabecilla alias 'Chiquito Malo'. La medida busca facilitar su traslado a Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó, programado para el 25 de junio, pocos días después de la segunda vuelta presidencial. Esta acción se enmarca en la política de "paz total" y busca avanzar en un proceso de "conversación sociojurídica" con la organización criminal. La solicitud ha generado fuertes críticas de candidatos presidenciales como Sergio Fajardo, Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella, quienes la han calificado como un "golpe de estado a las elecciones" y una "nueva versión del Pacto de La Picota". Argumentan que la medida busca influir en el proceso electoral y que representa una alianza con grupos narcotraficantes, comparándola con estrategias de campañas pasadas. Señalan que el Clan del Golfo ha incrementado su presencia e integrantes durante el actual gobierno, evidenciando un fracaso en la estrategia de seguridad. Expertos juristas y algunos políticos cuestionan si el Gobierno se extralimita en sus funciones, ya que la Fiscalía tiene la última palabra en la suspensión de capturas. Se advierte sobre la posibilidad de impunidad y el envío de un "mensaje perverso" al levantar órdenes sin contraprestaciones verificables. La decisión se toma en un contexto de creciente poderío del Clan del Golfo y a pocas semanas de la finalización del mandato presidencial, generando dudas sobre la consolidación del proceso.

Análisis político

Se observa una estrategia del gobierno por avanzar en acuerdos de "paz total" o "sometimiento a la justicia" con grupos armados, buscando generar un marco para la desmovilización antes de finalizar el mandato. La solicitud de suspensión de capturas, incluso con fines de extradición, busca facilitar la logística para el traslado a zonas de ubicación temporal, un paso clave en estos diálogos. Sin embargo, la temporalidad de la medida, a pocas semanas de las elecciones presidenciales, genera suspicacia y es interpretada por la oposición como una maniobra para influir en el resultado electoral. El principal beneficiado de esta estrategia, desde la perspectiva del gobierno, sería el avance en la política de "paz total" y la reducción de la violencia en los territorios. Quienes pierden son los sectores que critican la política de seguridad y paz del gobierno, quienes ven en esta medida un debilitamiento de la justicia y un riesgo para la democracia. Las narrativas se dividen entre quienes defienden la necesidad de negociar para lograr la paz, incluso con grupos criminales, y quienes denuncian un "todo vale" para ganar votos, aliándose con el narcotráfico y comprometiendo la institucionalidad.

La candidata presidencial Paloma Valencia acusó al Gobierno de Gustavo Petro de suspender órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluyendo a alias 'Chiquito Malo'. Valencia afirmó que esta medida, que buscaba facilitar el traslado de los criminales a zonas de ubicación temporal como parte de la política de 'paz total', es una estrategia electoral y un "golpe de estado a las elecciones". Señaló que estas acciones coinciden con el desarrollo de la campaña electoral y vinculó la política de paz del gobierno con el deterioro de la seguridad y el aumento de fenómenos como cultivos ilícitos, secuestro y extorsión. Sergio Fajardo también rechazó la solicitud, comparándola con el "Pacto de La Picota" de 2022 y calificando la "paz total" como un "caos total". Cuestionó la pertinencia de negociar con un grupo criminal que ha incrementado su presencia e integrantes durante el actual gobierno, a pocos días de las elecciones presidenciales. Fajardo advirtió que cualquier negociación debe partir de una posición de fortaleza institucional y con una Fuerza Pública sólida. Otras voces críticas incluyeron a Abelardo de la Espriella, quien afirmó que el gobierno acude a "aliarse con los narco terroristas" ante la falta de votos, y advirtió que la justicia de Estados Unidos está tomando nota. La Fiscalía General de la Nación finalmente no cedió ante la solicitud, decisión que fue celebrada por Valencia como una victoria contra una petición "escandalosa" y una amenaza a las elecciones.

Análisis político

Se observa una estrategia política de la oposición, liderada por Paloma Valencia y Sergio Fajardo, que busca capitalizar el descontento ciudadano y la percepción de inseguridad para desacreditar la política de "paz total" del gobierno y vincularla con fines electorales. La narrativa construida por estos actores se centra en la idea de que el gobierno está otorgando beneficios a criminales para obtener votos, comparando la situación con escándalos pasados como el "Pacto de La Picota". Paloma Valencia y Sergio Fajardo se posicionan como defensores de la seguridad y el orden, mientras que el Gobierno y sus aliados, como Iván Cepeda, son presentados como facilitadores de la impunidad. Quien gana con este evento son los candidatos de oposición que logran movilizar a su base electoral y atraer a votantes indecisos preocupados por la seguridad. El Gobierno y sus aliados pierden credibilidad en su política de paz, y el candidato Iván Cepeda se ve envuelto en la controversia, siendo señalado como aliado de estos grupos.

El Gobierno nacional solicitó a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura, incluidas las de extradición, de 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias 'Chiquito Malo'. Esta medida busca facilitar el traslado de más de 400 combatientes a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) como parte de los diálogos de sometimiento a la justicia que se adelantan con el grupo. La decisión se enmarca en un proceso de paz que busca el desmantelamiento de la organización, aunque no se le reconoce estatus político. La medida generó fuertes críticas por parte de varios candidatos presidenciales, quienes la calificaron como un "atentado a la democracia" y una "nueva versión del Pacto de La Picota", sugiriendo que busca influir en el próximo proceso electoral. Se comparó la situación con polémicas de campañas anteriores, argumentando que se estarían otorgando beneficios a estructuras criminales sin un marco real de sometimiento a la justicia. Se señaló el incremento de la presencia territorial y número de integrantes del Clan del Golfo durante el actual gobierno. Paralelamente, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá recordó que el Clan del Golfo es considerado una Organización Terrorista Extranjera (OTE) por Washington, lo que implica consecuencias legales para quienes presten apoyo material al grupo. La designación, con efectos legales concretos, subraya la postura de Estados Unidos frente a la organización, a pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano por avanzar en diálogos de paz.

Análisis político

Se observa una estrategia del gobierno por avanzar en su política de "paz total" mediante acercamientos con grupos armados, en este caso, el Clan del Golfo. La suspensión de órdenes de captura se presenta como un paso necesario para facilitar el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de la organización. Sin embargo, esta movida es interpretada por sectores de la oposición como una estrategia electoralista, buscando capitalizar apoyos en territorios controlados por el grupo criminal, especialmente a pocos días de unas elecciones. Sergio Fajardo, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella emergen como los principales críticos, construyendo una narrativa de "atentado a la democracia" y "pacto con criminales", comparando la situación con eventos pasados y señalando un supuesto "todo vale" para ganar votos. Quien gana con esta controversia son los candidatos opositores que buscan diferenciarse del gobierno y capitalizar el descontento ciudadano ante lo que perciben como concesiones a grupos ilegales. El gobierno, por su parte, busca legitimar su política de paz, pero se expone a ser acusado de instrumentalizarla con fines electorales.

El Gobierno Nacional, a través del alto consejero para la Paz, Otty Patiño, defendió la decisión de suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluyendo a alias ‘Chiquito Malo’. Esta medida, que también abarca pedidos de extradición, se enmarca en los diálogos de sometimiento a la justicia y la creación de Zonas de Ubicación Temporal para facilitar su desmovilización. El funcionario enfatizó que estas decisiones corresponden a la soberanía nacional y a la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, a pesar de las solicitudes de otros países. La suspensión de órdenes de captura ha generado fuertes críticas de varios candidatos presidenciales, quienes la consideran una estrategia electoral. Paloma Valencia, del Centro Democrático, calificó la medida como un “golpe de estado a las elecciones” y acusó al gobierno de liberar criminales para influir en los comicios. Otros aspirantes, como Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, también expresaron su rechazo, vinculando la decisión con la campaña de Iván Cepeda y sugiriendo alianzas con narcotraficantes. Estados Unidos recordó que el Clan del Golfo es una Organización Terrorista Extranjera, subrayando las implicaciones legales de la designación. La Embajada en Bogotá emitió un comunicado detallando las actividades ilícitas del grupo y las consecuencias para quienes les brinden apoyo. La decisión colombiana se da en un contexto de tensión diplomática y cuestionamientos internos sobre la seguridad y la integridad del proceso electoral.

Análisis político

Se observa una estrategia gubernamental de avance en la política de "paz total" mediante la suspensión de órdenes de captura, buscando facilitar diálogos y desmovilización de grupos armados. Esta acción se presenta como un ejercicio de soberanía nacional frente a presiones internacionales, posicionando al presidente como el actor central en la búsqueda de la paz. La narrativa oficial busca legitimar estas medidas como herramientas necesarias para la consecución de acuerdos, a pesar de las controversias. La candidata Paloma Valencia y otros aspirantes presidenciales capitalizan la decisión para construir una narrativa de "atentado a la democracia" y "estrategia electoral", vinculando al gobierno y a su candidato afín, Iván Cepeda, con alianzas con el narcotráfico. Esta contra-narrativa busca erosionar la credibilidad del gobierno y movilizar el voto de oposición, presentando la "paz total" como un fracaso que deteriora la seguridad. El gobierno, por su parte, defiende la medida como un acto soberano y necesario para la paz, mientras que EE.UU. reafirma su postura de considerar al Clan del Golfo como organización terrorista, añadiendo una dimensión internacional a la disputa.