El Gobierno Nacional activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) Cibernético y el PMU general para asegurar la jornada electoral presidencial del 31 de mayo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró la instalación del PMU Cibernético, enfocado en monitorear y contrarrestar amenazas digitales, ataques informáticos, desinformación y fraudes. Este puesto de mando operará de manera permanente, articulado con 15 entidades estatales, incluyendo la Registraduría, la Fiscalía y la Procuraduría. Paralelamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, instaló el PMU general, que centralizará alertas sobre problemas de orden público, vías y alumbrado. Más de 408.000 uniformados, entre policías y militares, fueron desplegados en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad física. La Defensoría del Pueblo también desplegó comités para monitorear la situación y tramitar quejas que afecten la libertad del voto, con especial atención en zonas de riesgo por conflicto armado o clima. Las autoridades buscan garantizar un entorno seguro, transparente y confiable para el ejercicio del voto, protegiendo tanto la infraestructura física como la digital. Se hizo un llamado a la ciudadanía para que vote masivamente, ejerza su derecho de manera libre y responsable, y evite la propagación de mentiras o insultos. El objetivo es que "ganen las ideas y no las mentiras", según declaraciones del ministro de Defensa.

Análisis político

Se observa una estrategia gubernamental de seguridad integral, combinando la protección física con la ciberseguridad para las elecciones. La instalación simultánea de un PMU general y uno cibernético demuestra un enfoque multifacético para anticipar y responder a diversos tipos de riesgos. El despliegue masivo de fuerza pública y la articulación interinstitucional buscan proyectar una imagen de control y capacidad del Estado para garantizar la legitimidad del proceso electoral. El Gobierno, a través de los ministerios del Interior y Defensa, se posiciona como garante de la transparencia y seguridad, buscando mitigar posibles cuestionamientos sobre el desarrollo de los comicios. Los actores involucrados, como la Registraduría, Fiscalía y Defensoría, participan activamente, construyendo una narrativa de unidad y esfuerzo conjunto. La narrativa promovida por los ministros apela a la sensatez y al voto informado, diferenciándose de posibles campañas basadas en "mentiras" o "insultos", buscando así consolidar la confianza ciudadana en el proceso democrático.