El Gobierno Nacional revocó la designación como gestor de paz de Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, tras su fuga de un centro médico en Pasto. El hecho ocurrió el 5 de junio de 2026, cuando hombres armados del grupo Comuneros del Sur irrumpieron en la Clínica Fátima para extraerlo por la fuerza mientras se encontraba bajo custodia del Inpec. Alias Tito es procesado por delitos como rebelión, secuestro y homicidio, y es señalado como cabecilla del Frente Comuneros del Sur. La Consejería Comisionada para la Paz condenó las "vías de hecho" que atentan contra la institucionalidad y ponen en riesgo a la población civil. La delegación del Gobierno en la Mesa para la Co-Construcción de Paz Territorial consideró que la fuga pone en riesgo los avances alcanzados durante 19 meses de diálogos, que incluyen doce acuerdos parciales en temas como sustitución de cultivos ilícitos y desminado humanitario. Se anunció una revisión de otras designaciones otorgadas en el marco del proceso. Las autoridades investigan a varios integrantes del Inpec por posibles fallas en los protocolos de seguridad o responsabilidad en la custodia de Villota Rodríguez. Se convocó un consejo de seguridad extraordinario para coordinar estrategias de recaptura y se establecieron puestos de control en las salidas de Pasto. El grupo Comuneros del Sur se atribuyó la operación, señalando que su propósito era el "rescate del Compañero TITO".

Análisis político

La fuga de alias Tito y la consecuente revocatoria de su designación como gestor de paz evidencian una estrategia gubernamental de endurecimiento ante actos que atentan contra la institucionalidad y ponen en riesgo los procesos de paz. El Gobierno busca enviar un mensaje de firmeza, al tiempo que evalúa otras designaciones para evitar futuros incidentes que puedan desestabilizar los diálogos. Esta acción busca preservar la credibilidad del proceso y la confianza de las partes involucradas. El principal beneficiado de esta decisión es el Gobierno, que demuestra capacidad de reacción y control ante un hecho que podría interpretarse como un desafío a su autoridad. Por otro lado, el grupo Comuneros del Sur, al ejecutar la fuga, se posiciona como un actor capaz de imponer sus condiciones, pero a costa de poner en riesgo los avances logrados y la continuidad de las negociaciones. La narrativa oficial se centra en la condena de la violencia y la defensa de la institucionalidad, mientras que el grupo armado justifica la acción como un "rescate", construyendo una narrativa de resistencia frente al Estado.

Luis Alberto Villota Rodríguez, alias ‘Tito’, cabecilla del frente Comuneros del Sur y designado gestor de paz, se fugó de la Clínica Fátima en Pasto la noche del viernes 5 de junio. Hombres armados irrumpieron en el centro asistencial, desarmaron a los custodios del INPEC y facilitaron su escape. Villota Rodríguez estaba recluido desde febrero de 2026 y enfrentaba procesos por delitos como rebelión, secuestro y homicidio. La fuga se produjo durante un traslado médico autorizado, donde un sujeto armado intimidó a los funcionarios del INPEC y les arrebató sus armas de dotación. Según los reportes, no hubo disparos ni personas lesionadas, salvo un dragoneante del INPEC que recibió golpes. Las autoridades activaron un plan candado y operativos de búsqueda para recapturar al fugitivo y a los responsables del rescate. Alias ‘Tito’ es señalado de participar en acciones violentas en Nariño, incluyendo una masacre en diciembre de 2023 y el homicidio de una líder juvenil en octubre de 2023. Su designación como gestor de paz se dio en el marco de los diálogos de paz con el Gobierno nacional, a pesar de su prontuario criminal.

Análisis político

La fuga de alias ‘Tito’ pone en evidencia la vulnerabilidad de los esquemas de seguridad para personas privadas de la libertad, especialmente aquellas involucradas en procesos de paz. La operación de rescate, ejecutada por un grupo armado, sugiere una capacidad de planificación y ejecución que desafía a las autoridades penitenciarias y judiciales. La narrativa oficial se centra en la recaptura y la investigación de posibles complicidades internas, mientras que la narrativa de los grupos armados se manifiesta en acciones directas que buscan desestabilizar el control estatal. Políticamente, este evento genera un golpe a la credibilidad del programa de Paz Total del gobierno, al evidenciar que figuras clave en los diálogos pueden ser sustraídas del sistema judicial mediante la fuerza. Quienes se benefician son las estructuras armadas que demuestran su poder y capacidad de acción, mientras que el Estado y sus instituciones de seguridad y justicia pierden legitimidad. La construcción de narrativas se polariza entre la necesidad de mano dura contra el crimen y la complejidad de los procesos de paz que involucran a actores con historiales violentos.