Las Fuerzas Militares confirmaron un bombardeo contra una estructura del Clan del Golfo en los límites entre Chocó y Valle del Cauca durante la madrugada del 31 de mayo. El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Armadas, informó que la operación buscaba golpear la subestructura comandada por alias Machín o 'El Viejo', señalada de actividades criminales en la región. A pesar de este operativo, las autoridades aseguraron que la jornada electoral se desarrolla con normalidad y que el bombardeo no afectó a la población civil ni a los puestos de votación, al ocurrir en una zona selvática. El mismo día, el ministro de Defensa Pedro Sánchez reportó un ataque con granada contra la fuerza pública en El Paujil, Caquetá, perpetrado por un individuo en motocicleta. Afortunadamente, no se registraron heridos, pero el incidente llevó a un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que pudiera afectar el desarrollo de las elecciones. Paralelamente, se informó sobre la incautación de dinero destinado a la compra de votos y la captura de una persona en Girardot, Cundinamarca, por sospechas de corrupción electoral. Estos hechos ocurrieron en el marco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Bogotá para monitorear la seguridad. Las autoridades reiteraron la habilitación de la línea 157 para denuncias y mantuvieron recompensas por información que prevenga actos terroristas y delitos electorales. Se enfatizó que no existe cese al fuego vigente con ninguna estructura criminal, reafirmando la capacidad de las Fuerzas Militares para continuar sus operaciones.

Análisis político

Se observa una estrategia de las Fuerzas Militares de mantener la presión militar contra grupos armados ilegales, incluso en contextos sensibles como una jornada electoral y en medio de negociaciones de paz. La confirmación de operaciones como el bombardeo contra el Clan del Golfo, y la declaración del comandante de que "no hay limitación" ni "cese al fuego vigente", buscan proyectar una imagen de firmeza y control estatal. Esto contrasta con los esfuerzos del gobierno por avanzar en diálogos de paz con algunas de estas estructuras, generando una narrativa dual donde la acción militar coexiste con la búsqueda de acuerdos. El gobierno y las Fuerzas Militares buscan proyectar seguridad y normalidad durante las elecciones, minimizando el impacto de los incidentes de orden público. El general López y el ministro Sánchez actúan como voceros para informar sobre los hechos, enfatizando que no hubo afectaciones graves y que las operaciones militares no interfieren con el proceso electoral. Quien gana con esta situación es la institucionalidad militar al demostrar capacidad operativa, mientras que el gobierno busca equilibrar la percepción pública entre la seguridad y los procesos de paz. Las narrativas se centran en la efectividad de las operaciones militares y la garantía de la jornada electoral, a pesar de los desafíos de seguridad.