La Fiscalía General de la Nación imputará a Alexander Díaz Mendoza, alias "Calarcá", como persona ausente por delitos de lesa humanidad, tras no comparecer a múltiples citaciones judiciales. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó a la justicia que no posee información actualizada ni canales de contacto del líder disidente, a pesar de mantener diálogos con su organización desde octubre de 2023. Esta situación ha generado tensiones y cuestionamientos sobre la efectividad de la política de Paz Total. La imposibilidad de notificar a "Calarcá" llevó a la Fiscalía a solicitar su declaratoria como persona ausente ante un juez de control de garantías en Villavicencio. La defensa del disidente apeló esta decisión, mientras el proceso penal avanza. "Calarcá" enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida y homicidio agravado, entre otros, relacionados con hechos ocurridos en el marco de la Paz Total. Paralelamente, se han reportado enfrentamientos armados entre disidencias, como el ocurrido en Guaviare con saldo de aproximadamente 50 muertos, y un notable fortalecimiento del grupo de "Calarcá", que casi duplicó su pie de fuerza. A pesar de estos hechos y de las órdenes de captura suspendidas, el Gobierno continúa con las negociaciones, mientras la oposición critica el presunto fortalecimiento de grupos armados ilegales.

Análisis político

Se observa una estrategia gubernamental de diálogo y negociación con grupos armados, buscando beneficios jurídicos y la suspensión de órdenes de captura como parte de la política de Paz Total. Sin embargo, esta estrategia se contrapone con la acción de la justicia, que busca imputar cargos por delitos graves. La narrativa oficial defiende la continuidad de las operaciones ofensivas de la fuerza pública, mientras sectores de oposición insisten en el fortalecimiento territorial y de capacidades de las organizaciones armadas ilegales bajo esta política. El Gobierno, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, parece ganar tiempo en el proceso de diálogo, manteniendo la interlocución con "Calarcá" a pesar de las dificultades de contacto y los hechos violentos. "Calarcá" y su estructura, por su parte, se benefician de la suspensión de órdenes de captura y la continuidad de las negociaciones, lo que les permite fortalecerse territorialmente. La Fiscalía y los sectores críticos del Gobierno pierden al no poder avanzar con la imputación y al evidenciarse la aparente impunidad, lo que genera una narrativa de debilidad estatal frente a los grupos armados.