La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará la imputación de cargos contra dos docentes vinculados a la institución educativa donde estudiaba Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida y hallada sin vida en Cajicá. Los profesores Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa deberán responder por el delito de homicidio culposo, según la investigación que busca establecer responsabilidades sobre la muerte de la menor ocurrida en agosto de 2025. Las autoridades sostienen que los docentes tenían bajo su responsabilidad el cuidado de Valeria Afanador al momento de los hechos. Las cámaras de seguridad de la institución educativa registraron a la menor jugando cerca de una cerca que colindaba con el río Frío, y se observa que atravesó la barrera en repetidas ocasiones hasta desaparecer. La necropsia realizada por Medicina Legal concluyó que la niña murió por ahogamiento, sin signos de violencia o abuso. La Fiscalía también compulsará copias para investigar las condiciones en las que opera el colegio dentro de la ronda del río. La familia de Valeria Afanador ha expresado su inconformidad con la decisión de la Fiscalía de no vincular a la rectora de la institución en la actuación judicial, argumentando que ella también debería responder por lo ocurrido. El abogado de la familia aseguró que continuarán acompañando el proceso judicial hasta que se esclarezcan todas las responsabilidades.

Análisis político

La estrategia de la Fiscalía se centra en la imputación de cargos por homicidio culposo a los docentes, señalando directamente una falla en el deber de cuidado y vigilancia. Esta acción busca dar una respuesta penal inicial al caso, enfocándose en la responsabilidad individual de quienes tenían a cargo la protección de la menor en el momento de los hechos. Paralelamente, la compulsa de copias para investigar las condiciones del colegio y su ubicación cercana al río sugiere una ampliación de la investigación hacia posibles responsabilidades institucionales y ambientales. Con esta decisión, la Fiscalía avanza en la judicialización, mientras que la familia de la víctima gana visibilidad al cuestionar la exclusión de la rectora, buscando ampliar el espectro de responsabilidades. La institución educativa, por su parte, se defiende argumentando que uno de los imputados ya no labora allí y el otro había dejado sus funciones, además de defender la gestión de la rectora y señalar que las instalaciones cumplían con los requisitos. La narrativa de la familia se construye sobre la exigencia de que todos los responsables comparezcan ante la justicia, mientras la Fiscalía busca establecer la cadena de omisiones.

La Fiscalía General de la Nación solicitará la imputación de cargos por homicidio culposo contra dos docentes vinculados al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá. Los educadores, Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa, tenían bajo su responsabilidad el cuidado de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció en agosto de 2025 y cuyo cuerpo fue hallado 18 días después en el río Frío. La investigación busca establecer posibles omisiones o conductas que contribuyeron al fatal desenlace. Las cámaras de seguridad del plantel registraron a la menor acercándose en repetidas ocasiones a una cerca que colindaba con el afluente, hasta que desapareció del lugar. La necropsia determinó que la niña murió por ahogamiento, sin signos de violencia. La Fiscalía compulsará copias para investigar las condiciones en las que opera la institución educativa, ubicada dentro de la ronda del río, y posibles delitos ambientales. La familia de Valeria Afanador, a través de su abogado, expresó inconformidad por la exclusión de la rectora de la institución de la imputación, argumentando que ella también debería responder por los hechos. La defensa de la familia asegura que continuará acompañando el proceso judicial hasta que se esclarezcan todas las responsabilidades.

Análisis político

La Fiscalía avanza en la investigación penal al imputar cargos a dos docentes, señalando una posible cadena de omisiones y negligencias institucionales. Esta acción busca establecer responsabilidades individuales por el delito de homicidio culposo, derivado de presuntas fallas en los protocolos de seguridad y custodia de la menor. La decisión de la Fiscalía de no vincular inicialmente a la rectora genera una narrativa de inconformidad por parte de la familia, quienes consideran que la directiva también debe responder, evidenciando una estrategia de la defensa por ampliar el espectro de responsabilidades. La imputación a los docentes representa una victoria parcial para la familia y la opinión pública que demandaba justicia. Sin embargo, la exclusión de la rectora y la solicitud de investigar las condiciones operativas del colegio sugieren que la narrativa de la defensa busca construir un caso más amplio contra la institución. La Fiscalía, por su parte, parece seguir un proceso escalonado, imputando primero a quienes tenían la responsabilidad directa de la vigilancia, mientras se investigan las fallas estructurales y de dirección.