Fiscalía imputará al general (r) Eduardo Zapateiro por presunto acoso sexual en el Ejército
Resumen
La Fiscalía General de la Nación ha solicitado formalmente una audiencia de imputación de cargos contra el general en retiro Eduardo Zapateiro Altamiranda. La investigación se centra en presuntas conductas de acoso sexual y de intimidación ocurridas mientras Zapateiro ejercía como comandante del Ejército Nacional. La solicitud fue radicada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que definirá la fecha para la diligencia judicial.
El proceso penal se sustenta en testimonios de funcionarias de las Fuerzas Militares que habrían sido víctimas de asedio e intimidación de carácter sexual. Estos hechos, según la Fiscalía, habrían tenido lugar durante el periodo en que Zapateiro ostentaba posiciones de mando, generando un escenario de subordinación. La investigación se basa en el artículo 210A del Código Penal colombiano, que tipifica el delito de acoso sexual.
El caso cobró relevancia pública en 2025 tras denuncias y revelaciones periodísticas, incluyendo la difusión de chats de WhatsApp que sugerirían un acoso constante hacia una contratista de la institución. El general (r) Zapateiro ha rechazado las acusaciones, sosteniendo su inocencia y atribuyéndolas a una estrategia para afectar su imagen pública de cara a futuras contiendas electorales.
Análisis Político
La solicitud de imputación contra el general (r) Eduardo Zapateiro evidencia una estrategia de la Fiscalía por avanzar en judicializaciones de alto perfil, buscando demostrar su capacidad de investigar a figuras con poder y trayectoria militar. Por un lado, la Fiscalía se posiciona como un ente garante de los derechos de las mujeres y de la ética en las instituciones. Por otro lado, la defensa de Zapateiro intenta construir una narrativa de persecución política, vinculando las acusaciones con su nombre y apellido de cara a las elecciones de 2026, sugiriendo que su figura pública genera incomodidad.
El general (r) Zapateiro, al rechazar las acusaciones y sugerir una motivación política detrás de ellas, busca deslegitimar el proceso y apelar a un sector de la opinión pública que podría verlo como una víctima de ataques. Quienes ganan con este evento son las denunciantes y la Fiscalía, al dar curso a una investigación por presuntos delitos de género. Quienes pierden, en el corto plazo, es la imagen pública del excomandante, cuya trayectoria se ve empañada por estas graves acusaciones, independientemente del resultado judicial.
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