Fiscalía imputará a dos docentes por muerte de Valeria Afanador en Cajicá
Resumen
La Fiscalía General de la Nación solicitará la imputación de cargos por homicidio culposo contra dos docentes vinculados al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá. Los educadores, Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa, tenían bajo su responsabilidad el cuidado de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció en agosto de 2025 y cuyo cuerpo fue hallado 18 días después en el río Frío. La investigación busca establecer posibles omisiones o conductas que contribuyeron al fatal desenlace.
Las cámaras de seguridad del plantel registraron a la menor acercándose en repetidas ocasiones a una cerca que colindaba con el afluente, hasta que desapareció del lugar. La necropsia determinó que la niña murió por ahogamiento, sin signos de violencia. La Fiscalía compulsará copias para investigar las condiciones en las que opera la institución educativa, ubicada dentro de la ronda del río, y posibles delitos ambientales.
La familia de Valeria Afanador, a través de su abogado, expresó inconformidad por la exclusión de la rectora de la institución de la imputación, argumentando que ella también debería responder por los hechos. La defensa de la familia asegura que continuará acompañando el proceso judicial hasta que se esclarezcan todas las responsabilidades.
Análisis Político
La Fiscalía avanza en la investigación penal al imputar cargos a dos docentes, señalando una posible cadena de omisiones y negligencias institucionales. Esta acción busca establecer responsabilidades individuales por el delito de homicidio culposo, derivado de presuntas fallas en los protocolos de seguridad y custodia de la menor. La decisión de la Fiscalía de no vincular inicialmente a la rectora genera una narrativa de inconformidad por parte de la familia, quienes consideran que la directiva también debe responder, evidenciando una estrategia de la defensa por ampliar el espectro de responsabilidades.
La imputación a los docentes representa una victoria parcial para la familia y la opinión pública que demandaba justicia. Sin embargo, la exclusión de la rectora y la solicitud de investigar las condiciones operativas del colegio sugieren que la narrativa de la defensa busca construir un caso más amplio contra la institución. La Fiscalía, por su parte, parece seguir un proceso escalonado, imputando primero a quienes tenían la responsabilidad directa de la vigilancia, mientras se investigan las fallas estructurales y de dirección.
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