La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por acoso sexual al general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, excomandante del Ejército Nacional. La imputación se basa en presuntas conductas de asedio e intimidación sexual contra dos funcionarias de las Fuerzas Militares, ocurridas entre 2019 y 2022. El ente investigador detalló que Zapateiro habría aprovechado su rango y posición para realizar insinuaciones íntimas y solicitar fotografías de connotación sexual. Las víctimas, identificadas como la suboficial Lina Suárez Londoño y la abogada contratista Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, denunciaron comentarios sugestivos sobre su apariencia física y solicitudes de encuentros privados en horarios no laborales. Según la Fiscalía, ante la negativa de las mujeres, el entonces general habría ejercido hostigamientos y descalificaciones públicas, e incluso habría afectado sus carreras profesionales. Zapateiro Altamiranda no aceptó los cargos imputados en su contra. El presidente Gustavo Petro reaccionó a la imputación, vinculando el caso con cuestionamientos al gobierno anterior y asegurando que "con delincuencia en el poder no se elimina la violencia en Colombia". La defensa del general en retiro solicitó un aplazamiento de la audiencia inicial, pero esta se llevó a cabo, y Zapateiro se declaró inocente, solicitando demostrar su inocencia en el escenario judicial.

Análisis político

Se observa una estrategia de la Fiscalía en la imputación de cargos, presentando un "modus operandi" consistente en el uso indebido de la jerarquía y el poder para imponer pretensiones de índole personal y sexual, reiterando el hostigamiento pese a las conductas evasivas de las víctimas. El presidente Gustavo Petro utiliza el caso para construir una narrativa de "delincuencia en el poder" y criticar al gobierno anterior, vinculando el presunto acoso con el fracaso de la paz y el aumento de cultivos ilícitos. El general Zapateiro, por su parte, se declara inocente y busca demostrar su inocencia en el ámbito judicial, construyendo una narrativa de defensa personal. El presidente Petro emerge como un actor que capitaliza políticamente el caso, fortaleciendo su discurso de lucha contra la corrupción y la "vieja política". El general (r) Zapateiro y su defensa se posicionan como víctimas de un proceso judicial, buscando preservar su reputación. El gobierno anterior, representado por Iván Duque, es señalado indirectamente como responsable por Petro, generando una confrontación política. Las víctimas, aunque no son actores políticos directos en este contexto, son centrales en la construcción de la narrativa de la Fiscalía y del presidente.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por acoso sexual al general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, excomandante del Ejército Nacional. La imputación se basa en presuntas conductas de asedio e intimidación de tipo sexual contra dos funcionarias de las Fuerzas Militares, ocurridas entre 2019 y 2022. El ente investigador detalló que Zapateiro habría aprovechado su rango y posición para realizar insinuaciones íntimas y solicitar fotografías, generando un entorno intimidante y degradante. Las víctimas, identificadas como la sargento Lina Suárez Londoño y la abogada Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, denunciaron que el excomandante les hacía comentarios sugestivos sobre su apariencia física y solicitaba encuentros privados. En la audiencia de imputación, se revelaron mensajes como "Déjame verte de pies a cabeza, déjame verte en tus cucos o sin nada", evidenciando un patrón de comportamiento persistente y con finalidad sexual no consentida. El general (r) Zapateiro no aceptó los cargos imputados y se declaró inocente, manifestando su intención de demostrar su inocencia en el proceso judicial. La Fiscalía presentó como pruebas mensajes de WhatsApp y registros de llamadas que soportarían las denuncias. El caso ha generado reacciones políticas, incluyendo pronunciamientos del presidente Gustavo Petro.

Análisis político

Se observa una estrategia de la Fiscalía por imputar cargos basados en pruebas documentales y testimoniales, buscando establecer un patrón de conducta del excomandante. Por otro lado, la defensa del general Zapateiro se centra en la negación de los cargos y la declaración de inocencia, apelando a la presunción de inocencia y a la necesidad de demostrar su inocencia en el escenario judicial. La reacción del presidente Petro introduce una dimensión política al vincular el caso con críticas al gobierno anterior y a la "delincuencia en el poder", buscando capitalizar políticamente el escándalo. El general Zapateiro, al ser una figura militar de alto rango, enfrenta una pérdida de reputación significativa, mientras que las denunciantes, a pesar de la adversidad, podrían ser vistas como fortalecidas por el avance del proceso judicial. La narrativa oficial de la Fiscalía se enfoca en la gravedad de los actos de acoso y el abuso de poder, mientras que la defensa busca desvirtuar estas acusaciones. El presidente Petro construye una narrativa que conecta el caso con la corrupción y la violencia, buscando legitimar su propia gestión y criticar a sus adversarios políticos.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por acoso sexual al general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, excomandante del Ejército Nacional. La imputación se basa en presuntas conductas de asedio e intimidación sexual contra dos funcionarias de las Fuerzas Militares, ocurridas entre 2019 y 2022. El ente investigador señaló que Zapateiro habría aprovechado su rango y posición para realizar insinuaciones íntimas y solicitar fotografías, generando un entorno intimidante y degradante. Las víctimas, identificadas como la suboficial Lina Suárez Londoño y la abogada contratista Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, denunciaron comentarios sugestivos sobre su apariencia física, solicitudes de encuentros privados y mensajes con contenido sexual. Según la Fiscalía, ante la negativa de las mujeres, el general habría ejercido hostigamientos y tomado represalias, como la reducción de sueldo o el truncamiento de ascensos. Zapateiro se declaró inocente de los cargos imputados. El presidente Gustavo Petro reaccionó a la imputación, vinculando el caso con cuestionamientos al gobierno anterior y asegurando que "con delincuencia en el poder no se elimina la violencia en Colombia". La imputación se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá, y el general continuará en libertad mientras avanza el proceso judicial.

Análisis político

La imputación contra el general (r) Zapateiro pone de manifiesto una estrategia de la Fiscalía por investigar y sancionar presuntos abusos de poder y conductas sexuales inapropiadas en altos mandos militares, buscando fortalecer la confianza en las instituciones y la protección de los derechos de las mujeres. Por otro lado, la reacción del presidente Petro busca capitalizar políticamente el caso, asociándolo con críticas a la administración anterior y reforzando su narrativa de lucha contra la "delincuencia en el poder", lo que le permite diferenciarse y consolidar su base de apoyo. El general Zapateiro, al declararse inocente y buscar demostrar su libertad, emplea una estrategia de defensa legal y pública, apelando a la presunción de inocencia y buscando limpiar su nombre. Quien gana con este evento es la Fiscalía, al mostrar su capacidad de investigar a figuras de alto perfil, y el gobierno actual, al poder vincular el caso con críticas a la oposición. Quien pierde es la imagen del excomandante y, potencialmente, la confianza en la institución militar si las acusaciones se confirman.