La encuestadora española GAD3 anunció la suspensión de la publicación de encuestas electorales en Colombia, citando exigencias metodológicas inviables derivadas de la Ley 2494 de 2025. La firma argumenta que la interpretación de la ley por parte de la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) hace impracticable demostrar que cada ciudadano tuvo una probabilidad cierta y cuantificable de ser seleccionado, lo que invalidaría diversas metodologías, incluyendo las telefónicas y presenciales. Según GAD3, la exigencia de que cualquier ciudadano tenga una probabilidad cuantificable de ser seleccionado es una premisa teórica que ninguna metodología demoscópica puede satisfacer en la práctica, especialmente en un contexto como el colombiano, donde factores de seguridad pueden influir en la libertad de respuesta. La empresa prefiere suspender su actividad antes que comprometer su reputación y la del CNE, señalando que esta situación debilita la democracia al limitar el acceso a información plural sobre la intención de voto. El Consejo Nacional Electoral, a través de su presidente, Cristian Quiroz, afirmó que analizará las advertencias de GAD3 y que la decisión final recae en la sala plena, no en la comisión técnica. El CNE busca garantizar condiciones para todos los actores y entiende la importancia de las encuestas para informar al país, reconociendo la realidad del conflicto en algunas regiones.

Análisis político

La decisión de GAD3 de suspender sus encuestas en Colombia pone de manifiesto una estrategia de presión y visibilización de las dificultades impuestas por la nueva regulación. Al retirarse, la firma busca forzar una reconsideración de las directrices, argumentando que estas son impracticables y perjudiciales para la transparencia democrática. Esta acción beneficia a GAD3 al preservar su prestigio internacional y evitar la publicación de datos potencialmente cuestionados, mientras que debilita la oferta de información para el electorado y los medios. La controversia generada por la salida de GAD3 y la mención de otras firmas que evalúan su permanencia construyen narrativas distintas. Por un lado, se presenta la ley como un obstáculo técnico insuperable que limita la participación y la información. Por otro, el CNE defiende la necesidad de garantizar rigor y transparencia, aunque reconoce la necesidad de ajustes. Quienes pierden son los ciudadanos, al tener menos fuentes de información para contrastar y tomar decisiones, y potencialmente los actores políticos que dependen de estas mediciones para evaluar el panorama electoral.

La firma encuestadora GAD3 ha anunciado la suspensión de la publicación de encuestas electorales en Colombia. La decisión se fundamenta en la interpretación que la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha hecho de la Ley 2494 de 2025, la cual, según GAD3, impone exigencias metodológicas inviables para garantizar el rigor y la viabilidad operativa de los sondeos. GAD3 argumenta que el requisito de demostrar que cada ciudadano tuvo una probabilidad "cierta y cuantificable" de ser seleccionado es impracticable en investigaciones con seres humanos y se aparta de estándares internacionales. La firma señala que esta interpretación invalidaría no solo encuestas telefónicas y online, sino también las presenciales, afectando la pluralidad de metodologías y la información disponible para el público. La suspensión busca preservar la reputación de la firma, del CNE y de sus clientes, como RCN. Otras encuestadoras han manifestado dificultades similares y han contemplado retirarse, generando preocupación sobre la transparencia y el acceso a información plural en el contexto electoral.

Análisis político

La decisión de GAD3 de suspender sus operaciones de encuestas electorales en Colombia evidencia una estrategia de autoprotección ante un entorno regulatorio percibido como restrictivo e impracticable. Al retirarse, la firma busca salvaguardar su prestigio internacional y el de sus clientes, evitando publicar datos que considera metodológicamente inviables bajo la nueva interpretación de la ley. Esto genera una narrativa de "ley mordaza" o "exigencias imposibles" que busca presionar un cambio en la regulación o generar debate público sobre la pertinencia de las normativas. Quien gana con este evento son aquellos actores que buscan limitar la influencia de las encuestas en la opinión pública o que se benefician de una menor visibilidad de las tendencias electorales. Por otro lado, pierden los ciudadanos y los medios de comunicación que dependen de estas mediciones para contrastar información y formar opinión. Las narrativas se dividen entre quienes defienden la necesidad de un mayor rigor y transparencia en las encuestas, y quienes argumentan que las nuevas exigencias ahogan la investigación social y limitan el acceso a información democrática.