La familia de Yulixa Toloza, víctima de un presunto feminicidio tras un procedimiento estético clandestino, ha emitido un comunicado rechazando amenazas y llamados a "justicia por mano propia" que circulan en redes sociales. Sus allegados expresaron su esperanza de que los responsables paguen por sus actos criminales, pero enfatizaron su confianza en los mecanismos legales e institucionales para esclarecer los hechos. El cuerpo de Toloza fue hallado sin vida en Apulo, Cundinamarca, casi una semana después de su desaparición en un centro estético ilegal en Bogotá. Durante la velación, amigos y familiares recordaron a Yulixa como una mujer trabajadora, amorosa y luchadora, buscando preservar su imagen positiva ante la tragedia. Las autoridades han realizado capturas en Colombia y están atentas a la situación de tres personas detenidas en Venezuela, vinculadas al caso. La familia solicitó a la Fiscalía investigar el origen de las amenazas y mensajes difundidos en redes, instando a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y respetar el curso de la justicia. Los representantes legales de la familia han pedido a la Fiscalía investigar las amenazas y mensajes difundidos en redes sociales, solicitando que se identifique al autor de un video amenazante. Han reiterado que la persona que aparece en dicho video no tiene vínculo alguno con el núcleo familiar. La familia confía plenamente en la investigación judicial y en la labor de los peritos, considerando que la aparición del material audiovisual es un intento por desviar la atención y sembrar terror.

Análisis político

La familia de Yulixa Toloza, a través de sus representantes legales, está desplegando una estrategia de contención y legitimación de la investigación oficial. Al rechazar públicamente las amenazas y los llamados a "justicia por mano propia", buscan evitar que la narrativa pública se desvíe hacia la venganza o la desconfianza en las instituciones. Esta postura busca fortalecer la credibilidad del proceso judicial y presionar a las autoridades para que actúen con celeridad y transparencia, al tiempo que se protege la integridad de los involucrados y se previene la obstaculización de la justicia. La familia se posiciona como defensora del Estado de Derecho, ganando apoyo al apelar a la institucionalidad. En este evento, la familia de la víctima y sus abogados son los principales actores que buscan controlar la narrativa, presentándose como defensores de la legalidad frente a la violencia y la desinformación. Los responsables del crimen, aún en proceso de judicialización y con capturas en Colombia y Venezuela, son los que pierden al ver sus acciones expuestas y al enfrentar la posibilidad de ser juzgados por la justicia colombiana o internacional. Las narrativas construidas son claras: por un lado, la familia apela a la justicia institucional y al respeto por el debido proceso; por otro, quienes difunden amenazas buscan generar caos y desconfianza, promoviendo una justicia alternativa y violenta.