La familia de Rosa Elvira Cely ha desmentido las afirmaciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien se atribuyó la autoría de la Ley Rosa Elvira Cely, que tipifica el feminicidio en Colombia. Adriana Cely, hermana de la víctima, afirmó que De la Espriella "miente" y "nunca aportó una sola palabra" en la creación de la ley, a pesar de haber representado gratuitamente a la familia en el proceso penal contra el asesino. La familia reconoció su apoyo inicial, pero enfatizó que la recolección de pruebas y la construcción del caso recayeron sobre ellos. La controversia surge en medio de declaraciones sexistas del candidato hacia periodistas, lo que ha llevado a la familia a rechazar el uso político de la memoria de Rosa Elvira. Juliana Cely, hija de Rosa Elvira, expresó su "asco" ante el uso de la historia de su madre con fines electorales, y señaló que la ley se creó después de que su relación con el abogado se rompiera. La familia ha trabajado en iniciativas para proteger a los niños huérfanos por feminicidios y visibilizar la violencia de género. Rechazan que su tragedia personal sea instrumentalizada en campañas políticas, enfatizando que el legado de Rosa Elvira pertenece a la lucha colectiva contra la violencia de género. La firma 'De La Espriella Lawyers' emitió un comunicado aclarando que la representación judicial en el caso fue "pro bono" y que nunca recibieron dinero por ello. Negaron que Abelardo de la Espriella se hubiera apropiado de recursos de indemnizaciones, explicando que las declaraciones de la familia se referían a procesos administrativos posteriores contra el Estado, no al proceso penal. La firma busca desmarcar al candidato de señalamientos de apropiación de recursos, aclarando que cualquier reparación económica contra el Estado ocurrió años después de que concluyera la representación legal en el proceso penal en 2012.

Análisis político

Se observa una estrategia política de apropiación de logros y narrativas asociadas a causas sociales sensibles, como la lucha contra el feminicidio. El candidato busca capitalizar el reconocimiento público de la Ley Rosa Elvira Cely para fortalecer su imagen como defensor de los derechos de las mujeres, especialmente en el contexto de una campaña electoral. Sin embargo, esta estrategia se ve contrarrestada por el desmentido directo de la familia de la víctima, quienes rechazan la instrumentalización de su dolor y la atribución de méritos que consideran falsos. La familia construye una narrativa de resiliencia y lucha colectiva, diferenciándose de la narrativa individualista y de apropiación que intenta imponer el candidato. El candidato Abelardo de la Espriella, al atribuirse la ley, busca ganar capital político y presentarse como un actor relevante en la defensa de las mujeres. Quien pierde con este evento es el candidato, al ser desmentido públicamente por la familia, lo que puede generar desconfianza y cuestionamientos sobre su veracidad. La familia de Rosa Elvira Cely, por su parte, gana visibilidad para su causa y refuerza su posición como voceros legítimos de la memoria de la víctima, al tiempo que denuncian el uso político de su tragedia. La narrativa de la familia se centra en la lucha de las mujeres y la negligencia estatal, mientras que la del candidato intenta vincular su figura a un logro legislativo significativo.

La familia de Rosa Elvira Cely ha desmentido las afirmaciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella sobre su participación en la creación de la Ley Rosa Elvira Cely. Adriana Cely, hermana de la víctima, y Juliana Cely, su hija, han declarado que De la Espriella nunca aportó a la redacción de la ley y que su versión de los hechos contradice la realidad. Además, han denunciado tratos inadecuados y desacuerdos contractuales posteriores al proceso judicial. Las denuncias se extienden a presuntas irregularidades en el manejo de la indemnización económica otorgada por el Estado tras el feminicidio de Rosa Elvira Cely. La familia afirma que solo recibieron una parte del dinero, mientras que el resto habría sido administrado por el abogado, bajo condiciones que consideran abusivas. Estas acusaciones han generado un fuerte debate público y la intervención del presidente Gustavo Petro, quien calificó la situación de "muy ruin". El caso de Rosa Elvira Cely, asesinada en 2012, volvió al debate público no solo por las controversias legales y éticas, sino también por la instrumentalización de su memoria en el contexto de una campaña electoral. La familia rechaza que su tragedia sea utilizada con fines políticos, enfatizando que el legado de Rosa Elvira pertenece a la lucha contra la violencia de género.

Análisis político

Se observa una estrategia política por parte de Abelardo de la Espriella de capitalizar un caso emblemático de violencia de género para su campaña presidencial, atribuyéndose logros legislativos que la familia de la víctima desmiente. La familia, por su parte, construye una narrativa de resistencia y denuncia contra la instrumentalización de su dolor, buscando proteger la memoria de Rosa Elvira y exponer presuntas irregularidades. El presidente Gustavo Petro se alinea con la familia, criticando duramente al candidato y generando una polarización en torno al caso. Abelardo de la Espriella podría verse perjudicado al ser cuestionado por la familia de la víctima y por el propio presidente, lo que afecta su imagen pública en un momento crucial de su aspiración. La familia de Rosa Elvira Cely, al exponer las presuntas irregularidades y desmentir al candidato, se posiciona como defensora de la verdad y la justicia. El presidente Petro gana capital político al mostrarse como protector de las víctimas y crítico de lo que considera abusos por parte de figuras de la oposición.