Veintisiete exmilitares, incluyendo dos generales en retiro, reconocieron públicamente su responsabilidad en 209 casos de ejecuciones extrajudiciales y 65 desapariciones forzadas en el Meta. Durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los comparecientes admitieron que civiles y campesinos fueron asesinados y presentados falsamente como combatientes abatidos. El reconocimiento se dio en el marco de procesos adelantados por la JEP, donde los exuniformados asumieron su responsabilidad por crímenes cometidos mientras pertenecían a unidades como la Séptima Brigada del Ejército. Los testimonios revelaron que la presión por obtener resultados operacionales y la obtención de beneficios profesionales, como permisos y ascensos, incentivaron estas conductas. Se mencionó la coordinación con estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la comisión de algunos de estos hechos. El general (r) Francisco José Ardila Uribe señaló directamente al excomandante del Ejército, Mario Montoya Uribe, de haber encabezado un "sistema" criminal basado en incentivos que facilitó la comisión de estos actos. Los exmilitares pidieron perdón a las familias de las víctimas, quienes expresaron la importancia de la verdad y la dignificación de la memoria. La JEP destacó la solidez de sus investigaciones, señalando que ninguno de los 40 generales llamados a versión por falsos positivos había respondido previamente ante la justicia ordinaria. Se enfatizó que las conclusiones de la JEP se basan en la contrastación de mega-datos y múltiples versiones. La audiencia concluyó con la entrega de medallas obtenidas durante esos años, consideradas por los exmilitares como "medallas manchadas con sangre de inocentes", y un compromiso con la verdad para que estos hechos no se repitan.

Análisis político

Se observa una estrategia de reconocimiento de responsabilidad ante la JEP como mecanismo para acceder a beneficios jurídicos y, a su vez, para enfrentar las consecuencias de crímenes de guerra. La mención directa de altos mandos, como Mario Montoya, por parte de exoficiales de menor rango, busca deslindar responsabilidades individuales y señalar estructuras de mando superiores. Quienes reconocen su participación buscan mitigar penas y obtener un lugar en la justicia transicional, mientras que aquellos mencionados, como Montoya, enfrentan un escrutinio público y judicial intensificado, pudiendo ver afectada su reputación y futuras aspiraciones políticas o de influencia. Las narrativas construidas difieren: las víctimas buscan verdad, justicia y reparación, enfatizando la inocencia de los asesinados y la gravedad de los crímenes. Los exmilitares, al reconocer su participación, construyen una narrativa de arrepentimiento y presión institucional, buscando justificar sus acciones dentro de un sistema que, según sus testimonios, incentivaba los "falsos positivos". La JEP, por su parte, se posiciona como una entidad investigadora rigurosa, cuyas conclusiones son producto de análisis exhaustivos, buscando consolidar la verdad histórica y la rendición de cuentas.