La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, denunció en audiencia que la Fiscalía General de la Nación la presionó para declarar contra ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ortiz, quien enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias en el caso de corrupción de la UNGRD, afirmó que los investigadores le exigieron señalar a ministros o de lo contrario sería imputada y se le dictaría medida de aseguramiento. La exfuncionaria sostiene que su caso tiene motivaciones políticas y no jurídicas, y que está dispuesta a enfrentar las consecuencias si se debe a su trabajo con el presidente Petro. Según la investigación, Ortiz es señalada de haber actuado como intermediaria en la entrega de millonarios sobornos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, para facilitar el trámite de reformas del Gobierno en el Congreso. Se menciona la supuesta entrega de 3.000 millones de pesos a Name y 1.000 millones a Calle. La defensa de Ortiz ha cuestionado la imparcialidad de la jueza y ha solicitado su apartamiento del caso, argumentando que su cliente ha sido "humillada" y "constreñida" en el proceso. El proceso judicial contra Ortiz se encuentra en la etapa de audiencias preparatorias, donde se definen las pruebas que se usarán en el juicio oral. Paralelamente, el Tribunal Superior de Bogotá debe resolver una apelación de la defensa contra la medida de aseguramiento. Las acusaciones de Ortiz han reavivado el debate sobre la independencia institucional de la Fiscalía y sus criterios en casos que involucran al círculo cercano del presidente.

Análisis político

La defensa de Sandra Ortiz emplea la estrategia de desviar el foco del caso de corrupción hacia una supuesta persecución política y judicial. Al denunciar presiones de la Fiscalía para incriminar a ministros, se busca generar una narrativa de victimización y cuestionar la legitimidad del proceso en su contra. Esta táctica busca erosionar la credibilidad de la Fiscalía y, por extensión, del sistema judicial, presentándolo como una herramienta política. La mención explícita de su trabajo con el presidente Petro refuerza esta narrativa, sugiriendo que su detención y procesamiento responden a intereses políticos. En este escenario, Sandra Ortiz se posiciona como una víctima de un sistema que, según su defensa, busca utilizarla para atacar al gobierno. Quien gana con esta estrategia es la defensa de Ortiz, al intentar ganar tiempo, generar dudas sobre las pruebas y possibly obtener un mejor acuerdo judicial o incluso un cierre del caso. Pierde la Fiscalía, al ver su imagen y credibilidad puestas en entredicho, y potencialmente el caso mismo si la narrativa de persecución política gana tracción. El presidente Petro, al pronunciarse sobre "tortura psicológica" y comparar el caso con el de su hijo, se alinea con la narrativa de persecución política, buscando proteger a su círculo cercano y movilizar apoyo.