Un estudio global financiado por Safe Online e impulsado por Unicef, Ecpat e Interpol, denominado "Disrupting Harm", reveló que al menos uno de cada cinco adolescentes en Colombia, equivalentes a 860.000 menores entre 12 y 17 años, fue víctima de abuso o explotación sexual en el entorno digital durante el último año. Las agresiones, que en muchos casos saltaron del espacio digital a lo presencial, incluyeron el envío de imágenes sexuales no deseadas, presión para compartir contenido sexual y extorsión. La investigación también alertó sobre el uso de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales de menores, lo que genera preocupación ante la creciente accesibilidad de estas herramientas. La investigación, que encuestó a 999 menores y entrevistó a sobrevivientes, familiares y autoridades, detalló que las niñas fueron las más afectadas con un 25%, frente al 17% de los niños. Los menores en zonas rurales también mostraron una mayor vulnerabilidad, con un 29% de casos, comparado con el 17% en zonas urbanas. Factores como la desigualdad de género y la pobreza fueron señalados como propiciadores de estos abusos. Las redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram, junto con plataformas de videojuegos, fueron los escenarios más comunes de estas violencias. Un hallazgo crucial del estudio es que el 50% de los agresores eran personas conocidas por las víctimas, incluyendo familiares, parejas o amigos, mientras que solo el 21% eran desconocidos. La directora de Bienestar Familiar cuestionó la ética de las empresas tecnológicas y sus algoritmos, y enfatizó la necesidad de proteger integralmente a la niñez y adolescencia, exigiendo judicialización celeridad y ejemplarizante para los agresores.

Análisis político

El estudio expone una estrategia de victimización que se aprovecha de la vulnerabilidad generada por la pobreza y la desigualdad de género, factores que las organizaciones sociales y el Estado buscan mitigar. La revelación de que los agresores son mayoritariamente conocidos por las víctimas, y no desconocidos en el entorno digital, desmantela la narrativa de que el peligro reside únicamente en el anonimato de internet, obligando a replantear las estrategias de prevención y protección. La directora de Bienestar Familiar introduce una narrativa crítica hacia las empresas tecnológicas, señalando la responsabilidad de sus algoritmos en la amplificación de contenidos nocivos, lo que sugiere una potencial estrategia de presión para una mayor regulación del sector. El informe posiciona a Unicef y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como actores clave en la visibilización y denuncia de esta problemática, buscando generar un impacto en la opinión pública y en la agenda gubernamental. Quienes ganan con la difusión de estos hallazgos son las organizaciones de protección a la infancia y los defensores de los derechos digitales, al obtener evidencia para sus demandas de mayor protección y regulación. Por otro lado, las empresas tecnológicas y, en un sentido más amplio, el sector de la economía digital, podrían verse expuestos a un escrutinio mayor y a posibles exigencias de cambios en sus modelos de negocio y algoritmos. La narrativa construida por la directora de Bienestar Familiar busca responsabilizar directamente a las plataformas y a sus desarrolladores, mientras que el estudio aporta datos que fundamentan la urgencia de acciones estatales y sociales.