Dos uniformados del Ejército Nacional, el sargento segundo Ricardo Paredes y el soldado Daniel Andrés Salgado García, fueron asesinados durante enfrentamientos con el Clan del Golfo en la vereda Capitán, municipio de Acandí, departamento del Chocó. Los hechos ocurrieron mientras los militares protegían a la población del accionar de este grupo criminal. El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional condenaron los hechos y expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas. La institución militar informó que los uniformados realizaban labores de despliegue operacional y de seguridad en la zona, en el marco de lo que se conoce como el Plan Democracia, estrategia para garantizar la tranquilidad en las próximas elecciones presidenciales. A pesar de los esfuerzos de atención en el lugar, los militares fallecieron debido a la gravedad de sus heridas. Tras los combates, el Ejército Nacional anunció la intensificación de las operaciones ofensivas y el despliegue de capacidades militares en la región. Se busca dar con el paradero de los responsables y neutralizar el accionar del Clan del Golfo, reafirmando el compromiso con la seguridad de los habitantes del Chocó.

Análisis político

Se observa la estrategia del Estado de mantener la ofensiva militar en zonas de alta presencia de grupos armados organizados, incluso en el contexto de un plan para garantizar la seguridad electoral. La narrativa oficial se centra en la valentía de los uniformados y la condena del "cobarde asesinato", buscando legitimar la continuidad de las operaciones militares y el despliegue de fuerza. El Clan del Golfo, por su parte, se posiciona como un actor que desafía la autoridad estatal en territorios clave. El Estado, a través del Ministerio de Defensa y el Ejército, busca proyectar control y determinación frente a estos desafíos, mientras que las familias de los uniformados reciben un mensaje de acompañamiento y solidaridad. La continuidad de las operaciones militares se presenta como la respuesta necesaria ante la agresión.