Empresas prefieren pagar multas al SENA que contratar aprendices tras reforma laboral
Resumen
Un número creciente de empresas en Colombia está optando por pagar una compensación económica al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en lugar de vincular aprendices. Esta tendencia se ha fortalecido tras la entrada en vigor de la reforma laboral en 2025, lo que ha llevado a un aumento significativo en los recursos que recibe la entidad por concepto de sanciones. Las cifras oficiales indican que en 2025, 8.048 compañías eligieron monetizar su cuota de aprendizaje, un incremento del 39% respecto a 2024. La situación continúa en 2026, con 5.243 empresas habiendo tomado esta alternativa hasta abril.
La reforma laboral de 2025 modificó las condiciones económicas del contrato de aprendizaje, elevando la sanción para las empresas que incumplen la cuota mínima de aprendices. Anteriormente, la monetización equivalía a un salario mínimo mensual por cada aprendiz no contratado; ahora, el valor es de 1,5 salarios mínimos, lo que en 2026 representa cerca de 2,6 millones de pesos mensuales por vacante no cubierta. Paralelamente, el contrato de aprendizaje adquirió un carácter laboral más estricto, aumentando los costos para las empresas, que según gremios como Acopi, pueden alcanzar hasta 3,2 millones de pesos mensuales por aprendiz.
Esta situación ha generado preocupación en diversos sectores, ya que se considera que la reforma podría estar desincentivando la contratación de jóvenes y restando oportunidades laborales. Expertos en derecho laboral advierten que el pago de la cuota se ha convertido en una opción más previsible y menos compleja administrativamente para algunas compañías. El desafío actual radica en encontrar un equilibrio que proteja las condiciones de los aprendices sin desincentivar su vinculación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Análisis Político
Se observa una estrategia empresarial de optimización de costos, donde el pago de la multa se ha vuelto más conveniente que la contratación directa de aprendices, especialmente tras el aumento de la sanción y la formalización del contrato de aprendizaje por la reforma laboral. Quienes ganan con esta situación son las empresas que buscan reducir gastos operativos y el SENA, que ve incrementados sus ingresos por monetización. Por otro lado, los jóvenes aprendices y las empresas que sí desean vincularlos para formación pierden oportunidades y enfrentan mayores costos.
Las narrativas difieren: mientras algunos sectores políticos y gremiales señalan que la reforma laboral ha generado un incentivo económico mal focalizado que perjudica a los jóvenes, otros actores podrían defender la reforma argumentando que busca dignificar el trabajo y que el aumento de la sanción es un mecanismo para asegurar el cumplimiento de la ley. La estrategia de las empresas es clara: priorizar la rentabilidad financiera sobre la responsabilidad social de formación, aprovechando las nuevas condiciones legales.
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