La recta final de las elecciones presidenciales en Colombia se ve empañada por un recrudecimiento de la violencia, incluyendo ataques con drones cargados de explosivos en zonas rurales como Jamundí y combates entre facciones disidentes de las FARC en el Guaviare. Estos hechos generan miedo e incertidumbre entre la población, afectando la vida cotidiana y la seguridad de los votantes, quienes consideran la posibilidad de no ejercer su derecho al voto. La Misión de Observación Electoral y centros de pensamiento calculan que un tercio del país es susceptible a actos violentos por parte de grupos armados ilegales como disidencias, ELN, Clan del Golfo y paramilitares, quienes disputan territorios por economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. La política de "paz total" del gobierno actual ha sido cuestionada por no lograr resultados concretos, mientras que las cifras de violencia, masacres, asesinatos de líderes sociales y reclutamiento forzado de menores muestran un incremento preocupante. Analistas advierten que la postura de los candidatos frente a la seguridad podría agudizar la violencia, con propuestas de mano dura que podrían generar represalias de los grupos armados. La disputa por el control territorial y las rentas ilícitas, sumada a la debilidad estatal en algunas zonas, crea un panorama complejo donde la seguridad se ha convertido en la principal preocupación de los votantes a pocos días de la jornada electoral.

Análisis político

Se observa una polarización en las estrategias políticas para abordar el conflicto armado. Por un lado, se promueve la continuidad de diálogos y la "paz total", defendida por el oficialismo y sus aliados, buscando desescalar la violencia a través de negociaciones. Por otro lado, sectores de la oposición y candidatos de derecha abogan por una política de "mano dura" y ofensiva militar contra los grupos armados, apelando a la nostalgia de gobiernos anteriores que confrontaron directamente a las guerrillas. El gobierno actual y su proyecto político, representado por el candidato oficialista, pierden credibilidad ante el aumento de la violencia y el fracaso aparente de la "paz total", lo que es capitalizado por la oposición. Los candidatos de derecha ganan terreno al presentarse como garantes de orden y seguridad, criticando la gestión del gobierno saliente. Las narrativas se construyen en torno a la dicotomía "vida o muerte", donde el oficialismo intenta defender su enfoque mientras la oposición lo tilda de "gobierno de la muerte" basándose en cifras de violencia.

A pocos días de las elecciones presidenciales, Colombia enfrenta un recrudecimiento de la violencia que ha encendido las alarmas de seguridad. El atentado contra el senador Alexander López en la vía Panamericana, perpetrado por disidencias de las FARC, es uno de los hechos más recientes que evidencian la tensa situación. Este ataque se suma a una escalada de actos terroristas en el suroccidente del país, incluyendo atentados, masacres y amenazas contra líderes sociales y candidatos, justo en la etapa final de la campaña electoral. La política de "paz total" del presidente Gustavo Petro llega desgastada, con un 62,1% de los encuestados considerando que va por mal camino y un 64,5% sintiéndose más inseguro. La percepción de pérdida de control territorial por parte del Estado es alta, con un 73,8% de acuerdo. La violencia se ha convertido en la principal preocupación ciudadana, superando temas como la inflación o el desempleo, y el temor a un retorno a escenarios de violencia pasados es palpable. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha identificado 386 municipios con alertas de riesgo por factores de violencia, de los cuales 139 se encuentran en riesgo extremo. Ataques con drones en zonas rurales, como en Jamundí, y enfrentamientos entre disidencias por el control de economías ilícitas en el Guaviare, evidencian la complejidad del panorama. La campaña electoral se desarrolla en un ambiente de miedo, con candidatos denunciando amenazas y requiriendo esquemas de seguridad reforzados.

Análisis político

Se observa una estrategia política de polarización en torno a la seguridad. Por un lado, se busca vincular el aumento de la violencia con la política de "paz total" del gobierno saliente, presentándola como un fracaso y un factor de riesgo para la estabilidad del país. Por otro lado, se sugiere que la escalada de violencia podría beneficiar a la derecha colombiana, generando miedo e incertidumbre entre los electores, y se cuestiona la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas. La narrativa oficial intenta desvincularse de la responsabilidad directa, señalando la complejidad de los grupos armados y la necesidad de no caer en "trampas" de manipulación mediática. Los principales beneficiados de este ambiente de inseguridad son los candidatos que proponen mano dura contra los grupos armados, como los aspirantes de derecha, quienes capitalizan el temor ciudadano. Quienes pierden son los líderes y candidatos que defienden enfoques de diálogo y negociación, así como la ciudadanía en general, que se ve afectada por la violencia y la incertidumbre. Las narrativas distintas se construyen en torno a la interpretación de las cifras de violencia: unos la atribuyen a la ineficacia de la "paz total", mientras otros la vinculan a la persistencia de economías ilícitas y a la dificultad de desmantelar estructuras criminales heredadas.