Ecuador anunció la reducción de aranceles a productos colombianos del 100% al 75%, efectiva a partir del 1 de junio. Esta medida busca avanzar en mecanismos de cooperación bilateral, especialmente en materia de seguridad en la zona fronteriza. La decisión se produce tras una disputa comercial que incluyó aumentos drásticos de aranceles mutuos, afectando el comercio binacional y generando tensiones diplomáticas. La medida ecuatoriana fue justificada por el presidente Daniel Noboa como una respuesta a la supuesta inacción de Colombia contra el narcotráfico en la frontera común, argumentando un déficit comercial abultado. Colombia, por su parte, respondió previamente deteniendo ventas de electricidad y estableciendo tarifas diferenciadas para productos ecuatorianos. El gobierno ecuatoriano afirmó que los aranceles, calificados como "tasa de seguridad", generaron un saldo comercial positivo por primera vez en febrero y marzo. La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia se atribuyó parte del logro tras una comunicación con el presidente Noboa, sugiriendo una voluntad de cooperación contra el crimen organizado y la posibilidad de eliminar los aranceles en el futuro. Sin embargo, el gobierno colombiano negó cualquier vínculo político o electoral con la reducción, atribuyéndola a consecuencias económicas internas y distorsiones en el comercio ecuatoriano.

Análisis político

Se observa una estrategia de "diplomacia de campaña" por parte de la senadora Paloma Valencia, quien busca capitalizar políticamente la reducción de aranceles, presentándola como un logro personal y atribuyéndola a su comunicación directa con el mandatario ecuatoriano. Esto genera una narrativa de acción política efectiva frente a la inacción gubernamental. Por otro lado, el gobierno colombiano, a través de la ministra de Comercio, intenta desvincular la medida de cualquier influencia electoral o política, presentándola como una decisión técnica y económica, buscando evitar que la oposición se beneficie de la situación y reafirmando el rol del Estado en las relaciones exteriores. Paloma Valencia y el sector político que representa ganan visibilidad y se posicionan como actores capaces de influir en decisiones binacionales, proyectando una imagen de liderazgo y efectividad de cara a las elecciones presidenciales. El gobierno de Gustavo Petro, a través de su ministra, pierde terreno al ver cuestionada su gestión en política exterior y al tener que desmentir vínculos políticos que podrían beneficiar a sus adversarios. La narrativa construida por Valencia se enfoca en la gestión personal y la capacidad de diálogo directo, mientras que la del gobierno se centra en la soberanía estatal, los canales diplomáticos oficiales y las razones técnicas de las medidas comerciales.