Ecopetrol reportó una disminución del 8,7% en sus ingresos y del 7,7% en sus utilidades durante el primer trimestre de 2026, alcanzando cifras de $28,6 billones y $2,9 billones respectivamente. La compañía atribuyó estos resultados a una mayor carga tributaria, incluyendo impuestos extraordinarios y sobretasas, así como a la apreciación del peso colombiano frente al dólar. El entorno geopolítico global, marcado por el conflicto en Medio Oriente, también generó volatilidad en los precios internacionales del petróleo, impactando las operaciones del sector energético. El EBITDA de la empresa, sin embargo, mostró un crecimiento del 1,5% hasta los $13,5 billones, con un margen del 47%, uno de los más altos de su historia reciente. Este desempeño se vio impulsado por estrategias de eficiencia operativa, maximización de la carga de refinación y una estricta disciplina de capital. A pesar de las dificultades, la compañía logró mitigar parcialmente los efectos negativos mediante el aumento en la producción de productos valiosos y mejores diferenciales en productos refinados. La producción de hidrocarburos se ubicó en 725.200 barriles de petróleo equivalente por día, una baja del 2,7% respecto al año anterior, afectada por la menor producción de gas y declinaciones naturales en campos. Paralelamente, el presidente encargado, Juan Carlos Hurtado, asumió sus funciones tras la vinculación formal del presidente Ricardo Roa a una investigación por violación de límites de gastos en la campaña de 2022.

Análisis político

La presentación de resultados financieros de Ecopetrol se ve ensombrecida por la vinculación formal de su presidente, Ricardo Roa, a una investigación judicial. Esta situación genera una narrativa de crisis institucional y de gobernanza en la principal empresa del país, mientras la administración busca destacar los aspectos operativos positivos como la mejora del margen EBITDA y la eficiencia en refinación. La estrategia de la compañía parece enfocarse en separar el desempeño financiero y operativo de las controversias legales que rodean a su liderazgo. El Gobierno, a través del Ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha manifestado la intención de convocar una asamblea extraordinaria para realizar ajustes en la junta directiva, lo que sugiere una intervención política para gestionar la crisis. Mientras tanto, la oposición o sectores críticos podrían capitalizar la situación para cuestionar la gestión y la idoneidad de los nombramientos en la petrolera estatal. La narrativa oficial busca proyectar control y normalidad operativa, pero la investigación judicial y los cambios en la junta directiva introducen un elemento de incertidumbre y potencial inestabilidad política.