El doble asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, y del exsecretario de Gobierno, Fabián Cardona, en el departamento del Meta, ha generado una fuerte respuesta institucional. La gobernadora Rafaela Cortés anunció una recompensa inicial de 50 millones de pesos, que posteriormente fue elevada a 100 millones con aportes de alcaldes locales, para quien brinde información que conduzca a la captura de los responsables. Se convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad con la participación esperada del ministro de Defensa y altos mandos militares y policiales para coordinar acciones y fortalecer la investigación. Las autoridades han intensificado las operaciones en la zona y han dotado al Ejército con nuevas motocicletas para mejorar el control territorial y la capacidad de reacción. La Fiscalía General de la Nación ha designado fiscales especializados e investigadores para esclarecer los hechos y evitar la impunidad. Se ha hecho un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y acudir únicamente a información oficial, desmintiendo versiones sobre supuestos enfrentamientos entre guerrilleros y el Ejército. Este evento ocurre en un contexto de advertencias del Ejército sobre la presión e intimidación de disidencias de las FARC, como las de alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, sobre comunidades en regiones clave de cara a las próximas elecciones presidenciales. Se denuncia la implementación de carnetización forzosa a campesinos para ejercer control social y generar miedo, lo que representa una grave vulneración a la libertad ciudadana.

Análisis político

El asesinato de figuras vinculadas a campañas políticas, como el exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella, pone de manifiesto la estrategia de violencia política utilizada por grupos armados para influir en el panorama electoral. La rápida elevación de la recompensa y la convocatoria a consejos de seguridad demuestran la urgencia de las autoridades por controlar la narrativa y proyectar una imagen de firmeza frente a la criminalidad, buscando evitar la desestabilización y la intimidación a votantes y candidatos. La narrativa oficial se centra en la lucha contra el narcoterrorismo y la defensa de la democracia, mientras que el candidato Abelardo de la Espriella enmarca el hecho como un ataque cobarde contra "hombres del pueblo" que defendían la libertad. Por su parte, el senador estadounidense Bernie Moreno observa la situación con atención, señalando la inaceptabilidad de la violencia política y la necesidad de garantizar elecciones seguras, lo que añade una dimensión internacional a la crisis de orden público y a la percepción de la seguridad en Colombia. Las disidencias, por su parte, buscan ejercer control territorial y presionar a las comunidades, una estrategia que se intensifica en periodos electorales.

El exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, y el exsecretario de Gobierno, Fabián Cardona, fueron asesinados mientras se desplazaban en motocicleta por una vía rural del Meta. Las víctimas, quienes portaban publicidad política de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, fueron atacadas por hombres armados. Devia Escobar murió en el lugar de los hechos, mientras que Cardona falleció posteriormente tras resultar herido. El doble homicidio ha generado alarma en la región, especialmente por su cercanía a la primera vuelta presidencial y por tratarse de figuras políticas. La Procuraduría General de la Nación solicitó celeridad en la investigación y la Gobernación del Meta convocó un consejo extraordinario de seguridad. Las autoridades no han confirmado el móvil ni la autoría del crimen, pero se investiga la posible relación con actividades políticas. Como respuesta, se anunció el aumento de la recompensa para obtener información sobre los responsables, pasando de 50 a 100 millones de pesos, con aportes adicionales de alcaldes locales. Se implementarán medidas para fortalecer la seguridad, incluyendo operaciones conjuntas entre Ejército y Policía, controles viales, patrullajes y refuerzo de la presencia institucional en zonas de riesgo.

Análisis político

El asesinato del exalcalde y exsecretario, ambos vinculados a una campaña presidencial, pone de manifiesto la vulnerabilidad de los actores políticos en territorios rurales, especialmente en el contexto de un proceso electoral. Se observa una estrategia de las autoridades para mitigar el impacto y restaurar la confianza mediante el aumento de recompensas y la implementación de medidas de seguridad reforzadas, buscando así evitar la intimidación y garantizar la normalidad del proceso electoral. La narrativa oficial se centra en la necesidad de esclarecer los hechos y fortalecer la seguridad, mientras que la Procuraduría enfatiza la protección de los líderes políticos. La Gobernación busca construir una imagen de control y determinación frente a la criminalidad, desmintiendo versiones no oficiales para evitar desinformación. El evento genera un ambiente de preocupación que podría influir en la percepción de seguridad de los votantes y en la dinámica de las campañas.